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Este jueves 7 de diciembre la presidenta Dina Boluarte cumple su primer año al frente del Poder Ejecutivo, en medio del escándalo político generado por la investigación que involucra a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y del anuncio de una serie de protestas al interior del país en contra de su Gobierno.
En estos 365 días que estuvo dirigiendo el país, la jefa de Estado enfrentó diversas situaciones adversas que hicieron tambalear su Gobierno. Desde las manifestaciones en contra de su gestión, que dejó más de 30 fallecidos y un centenar de heridos, hasta el incremento de la inseguridad ciudadana y el anuncio de una recesión económica.
Además, tuvo que liderar con denuncias que la comprometieron o que involucran a parientes suyos. Por ejemplo, las revelaciones de su exasesora, Maritza Sánchez, y del exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, respecto los aportes que recibió el 2021 para su campaña electoral que no fueron reportados ante la ONPE, así como las reuniones que tuvo su hermano, Nicanor Boluarte, con funcionarios, proveedores y hasta con un alcalde.
Pese a todos estos inconvenientes, la presidenta aún sigue en el cargo y parece que no se moverá de ahí hasta el 2026.
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En este informe, Gestión realizará un recopilatorio sobre los 10 principales hechos que marcaron el primer año de gobierno de Boluarte.
1. Las protestas en contra de su gobierno
Ni bien juró en el cargo, el pasado 7 de diciembre del 2022, Boluarte tuvo que enfrentar las diversas protestas que se convocaron a nivel nacional en contra de su gobierno y en favor del expresidente Pedro Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró ese mismo día.
Las regiones que más sufrieron con estas manifestaciones fueron Ayacucho, Ica, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Apurímac y Puno. Además, los manifestaron no solo atacaron y afectaron locales de empresas privadas y negocios, sino también vandalizaron sedes del Poder Judicial, Ministerio Público y hasta incendiaron comisarías.
Precisamente, en esta última región se desató el caso el pasado 9 de enero. En un solo día se registraron 18 fallecidos. Unas semanas después, diversos colectivos, sindicatos y organizaciones llevaron a cabo la denominada “Toma de Lima”, causando destrozos en el centro de nuestra capital.
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Tras estos sucesos, la fiscal de la Nación abrió una investigación preliminar contra Boluarte, el premier Alberto Otárola, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Pedro Angulo, Víctor Rojas y César Cervantes, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves
Además, se sugirió que algunas de las muertes reportadas en las manifestaciones “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, así como se habla de “masacres” cometidas en este lapso de tiempo, entre otros aspectos.
2. La tensión diplomática y la mala relación con los otros presidentes de la región
Otro de los problemas que tuvo que enfrentar Boluarte en sus primeros días de gestión es la tensión diplomática que se vivió con, al menos, seis países de la región por la detención de Castillo y la represión utilizada en las protestas.
Estas naciones fueron: Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Honduras y México. No solo se llamó en consulta a tres embajadores, sino que también se expulsó al diplomático mexicano Pablo Monroy.
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La tensión diplomática con México se extendió por ocho meses más hasta que López Obrador, tras resistirse por mucho tiempo, entregó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile. Esta nación, posteriormente, se la entregó a Perú.
Dicho grupo de trabajo está conformado por Ernesto Álvarez, Ernesto Blume, Alberto Borea, Jorge Luis Cáceres, Víctor García Toma, Carlos Hakansson, José Luis Sardón, Óscar Urviola, Elizabeth Zea y Aníbal Quiroga; sin embargo, este último presentó su carta de renuncia.
3. Los presuntos aportes a la campaña de Boluarte no declarados ante la ONPE
En marzo pasado Cuarto Poder dio a conocer las declaraciones de Maritza Sánchez, exasesora de Dina Boluarte durante la campaña presidencial de Perú Libre para las elecciones generales de 2021, quien reveló que la mandataria recibió dinero de Henry Shimabukuro y de otros empresarios que no fueron declarados ante la ONPE.
Sánchez contó para el dominical que desde abril de 2021 comenzó a ayudar a Boluarte en todas sus movidas de campaña y anotó todo en un improvisado cuaderno amarillo.
Es así que detalló que el exasesor de Castillo se encargaba de cubrir todos los gastos logísticos de Boluarte. Desde pasajes hasta estrados, como parte de la campaña para los comicios.
“Cuando él (Henry Shimabukuro) dice que cubrió todo, es todo. Él no miente (…) en algún momento sacamos cuentas juntos y fue como S/ 800,000″, indicó Sánchez.
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“Tengo (conversaciones) de WhatsApp con ella (Dina Boluarte), agradeciéndome por la compra de los pasajes, por algunos gastos”, enfatizó.
Sánchez también involucró al empresario Eduvigis Beltrán en la entrega de aportes por un monto de S/150,000 a Boluarte; sin embargo, este último descartó haber entregado dinero a la mandataria. El dominical reveló que la empresa de Cluteldo Beltrán, hermano de Eduvigis, tiene dos contratos vigentes con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que bordean la suma de S/4′700,000.
Ese mismo mes la comisión de Fiscalización del Congreso aprobó iniciar una investigación respecto al financiamiento de la campaña de Perú Libre y de Boluarte. Por su parte, la Fiscalía también decidió ampliar la investigación que se seguía contra el partido que lidera Vladimir Cerrón e incluyó a la jefa de Estado.
4. La epidemia del Dengue
Tras la pandemia del covid-19, en mayo pasado el Perú nuevamente volvió a enfrentar las consecuencias de una penosa enfermedad. Se trata del Dengue, cuyos casos se dispararon a raíz del aumento global de temperaturas, la falta de acceso a los servicios de agua y las lluvias e inundaciones agudizadas por el fenómeno de El Niño Costero.
Si bien la mayoría de las regiones del país registraron casos de contagios y hospitalizaciones, Piura fue la más castigada de todas, ya que no solo tuvo la más alta cifra de casos y decesos, sino que nuevamente sus hospitales y centros de salud no se dieron abasto para atender a más de un centenar de pacientes.
El Gobierno no solo declaró 222 distritos de 20 regiones del país en emergencia sanitaria para controlar el brote de Dengue, sino también transfirió S/ 34′000,000 al Minsa, EsSalud, gobiernos regionales y otras instituciones para enfrentar la epidemia.
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El Dengue también le costó el puesto a la exministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien se vio obligada a renunciar ante su inminente censura por parte del Congreso, que la criticó por su mal manejo de la epidemia.
5. Los decretos del Gobierno al amparo de las facultades
Hasta el momento el Gobierno ha emitido siete Decretos Legislativos al amparo de estas facultades, la mayoría de ellas relacionadas a la lucha contra la inseguridad ciudadana.
La primera iniciativa modifica el Código Penal para permitir la expulsión de extranjeros que cometan delitos en flagrancia como el homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, en sus diversas modalidades.
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En cuanto a la segunda propuesta, amplía el control de la identidad policial y la plena identificación del ciudadano extranjero en calidad de ilegal en el país de 4 a 12 horas.
También se dispuso que el robo de celulares sea castigado con una pena de hasta 20 años de prisión efectiva, que los gobernadores y alcaldes puedan usar el dinero del canon y sobrecanon para la seguridad ciudadana, entre otras medidas.
6. La declaratoria de emergencia de cuatro distritos de Lima y de la provincia de Sullana
Uno de los principales problemas que enfrenta la gestión de Boluarte es el incremento de la inseguridad ciudadana a raíz de la presencia en el país de organizaciones criminales trasnacionales, como el ‘Tren de Aragua’, que han hecho de la trata de personas, la extorsión y sicariato su principal fuente de negocio.
A raíz de esta situación, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia, por el plazo de 60 días, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como en la provincia de Sullana (Piura), a fin de reducir la ola de criminalidad que opera en dichas jurisdicciones.
Unas semanas después los distritos de Cercado de Lima y Lince fueron incluidos en esta relación.
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Si bien en las primeras semanas se reportó una mayor presencia de policías y miembros de las Fuerzas Armadas en las calles de estos distritos, los crímenes no paraban. Solo en SJL se registraron alrededor de 4 asesinatos, pese a que se encontraba en estado de emergencia.
Pese a esto, el exministro del Interior, Vicente Romero, aseguraba que los índices de criminalidad habían bajado en estas jurisdicciones; sin embargo, no gozaba del respaldo del Congreso para liderar este sector. El pasado 15 de noviembre fue censurado por el Pleno.
En su reemplazó asumió Víctor Torres Falcón, quien no solo anunció que trasladaría su despacho a las calles, sino que advirtió que bandas como el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Gallegos’, tienen los días contados.
7. Las reuniones de Nicanor Boluarte y sus coordinaciones con los prefectos
Boluarte también se encuentra en el ojo de la tormenta por las acciones realizadas por su hermano, Nicanor Boluarte. A inicios de este mes Cuarto Poder reveló que el hermano de la jefa de Estado se reunió en su vivienda de San Borja con proveedores, funcionarios y hasta con un alcalde.
Esto, a pesar de no ser ningún funcionario público o ocupar algún cargo en el Estado.
De todas las visitas que recibió Nicanor Boluarte, el caso más llamativo es del alcalde del distrito de Nanchoc (Cajamarca), Nixon Hoyos Gallardo, quien acudió a la celebración por su cumpleaños
Nueve días después de ese evento, el distrito de Nanchoc, que tiene cerca de 1,400 habitantes, recibió cerca de S/ 20 millones provenientes de las arcas estatales. Lo hizo a través de 5 proyectos de inversión.
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Tras conocerse esta denuncia, Boluarte enfatizó que su hermano no es ningún funcionario, por lo que está en libertad de recibir “a quien se le pegue la gana”. Añadió que su pariente sabrá defenderse ante la Fiscalía.
El dominical también reveló que el hermano de la presidenta realizó diversas coordinaciones con prefectos y subprefectos a nivel nacional a fin de que colaboren en la inscripción de su partido político.
Por estos hechos, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra Nicanor Boluarte, Hoyos Gallardo, Noriel Chingay (exprefecto regional de Cajamarca que renunció tras conocerse sus vínculos con el hermano de la presidenta), y otras personas por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias.
8. Los viajes de la presidenta al exterior y la fallida reunión con Joe Biden
En su primer año de Gobierno, Boluarte realizó varios viajes al exterior. Esto, debido a una ley aprobada en el Congreso que le autoriza despachar de forma remota en casos de salidas fuera del Perú y ante la ausencia de vicepresidentes.
Por ejemplo, en Octubre pasado viajó a Alemania y a la ciudad del Vaticano, en donde se reunió con el papa Francisco.
Sin embargo, fue su visita a Estados Unidos para participar en la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) la que generó polémica.
Se tenía previsto que durante este foro se reuniera con el presidente de dicho país, Joe Biden; sin embargo, llegado el día de la supuesta cita la agenda del mandatario norteamericano no contemplaba ningún acto con Boluarte.
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Desde la Cancillería confirmaron que dicho encuentro bilateral no se efectuó tal como estaba contemplado debido a que los tiempos quedaron cortos; sin embargo, desde el Congreso calificaron esta situación como una burla.
Tras este incidente, la canciller Ana Gervasi se vio obligada a renunciar y fue reemplazada en el cargo por Javier González-Olaechea. Pese a esto, la presidenta volvió a viajar a EE.UU. para participar en la 30° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
9. Gobierno ratifica que el Perú se encuentra en recesión
La presidenta no solo tuvo que lidiar con protestas sociales, una epidemia o denuncias contra sus familiares, sino también con la delicada situación de la economía peruana.
En setiembre pasado, el ministro del sector, Alex Contreras, reveló que la economía peruana habría crecido poco más de 1% en julio, luego de haberse contraído en junio, también alrededor del 1%. Con ello, se confirmarían dos trimestres consecutivos a la baja.
Sin embargo, descartó que la economía peruana haya ingresado en una etapa de recesión técnica, como advirtieron algunos economistas.
“Hay un grupo de economistas obsesionados con que la economía está en recesión”, dijo en aquella oportunidad.
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Ante esta noticia, a Contreras no le quedó otra alternativa que admitir que nos encontramos en recesión. “Es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda. Lo que queremos es salir de esa recesión con el crédito suplementario”, dijo esa misma tarde.
Además, anunció un shock de inversiones denominado “Plan Unidos”, que incluye una serie de medidas para reactivar la economía.
“Tenemos que generar shock de mejora en la gestión de licencias de construcción que permita que los proyectos de inversión que están parados por alguna municipalidad puedan avanzar y salir adelante”, indicó posteriormente.
Añadió que habrá facilidades para la obtención de estudios de impacto ambiental, así como el destrabe de proyectos mineros y eléctricos, entre otras medidas para salir de esta recesión.
10. El impasse entre Dina Boluarte y Patricia Benavides
Boluarte cierra el primer año de su gobierno con un conflicto con Benavides. Todo inició cuando la fiscal de la Nación anunció en un pronunciamiento que presentó una denuncia constitucional contra la presidenta y el premier por las muertes registradas en las protestas.
Esto, a pesar de que a fines de octubre la titular del Ministerio Público dispuso ampliar hasta por ocho meses esta indagación. Es decir, que, pese a que sólo ha transcurrido un mes, Benavides decidió cerrar el caso y formular una denuncia constitucional.
En respuesta, la presidenta calificó de maniobra política esta denuncia presentada por Benavides y la instó a dar la cara y responder ante las autoridades tras conocerse que está sindicada de liderar una presunta organización criminal al interior de su institución.
Tras conocerse esta noticia, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, indicó que evaluará la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC), a fin de que esta institución revise la denuncia presentada por la fiscal de la Nación.
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