Tras más de tres meses en espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó esta mañana, en conferencia de prensa, su informe final sobre las protestas sociales ocurridas entre diciembre del 2022 y enero de este año contra el gobierno de Dina Boluarte.
En el documento, que consta de 113 páginas, se concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en nuestro país, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno.
También se sugiere que algunas de las muertes reportadas en las manifestaciones “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, así como se habla de “masacres” cometidas en este lapso de tiempo, entre otros aspectos.
El informe de la CIDH contiene unas 36 recomendaciones al Estado peruano, entre ellas, que se adopte un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación de las fuerzas de seguridad que intervienen en las manifestaciones, así como aplicar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, las cuales deberán incluir acciones de compensación, rehabilitación médica y psicológica, entre otras.
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Tras conocerse esta noticia, las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar. Desde Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular desestimaron este documento y lo calificaron de sesgado. En ese sentido, pidieron a la presidenta Dina Boluarte que no lo haga vinculante.
En conferencia de prensa, Boluarte indicó que hay cuestionamientos en el informe contra su Gobierno que no compartimos, pero que respetamos.
“De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, manifestó, tras precisar que el Ejecutivo ya ha implementado acciones en favor de las víctimas y sus familias, como la creación de una comisión multisectorial que se encargue de la atención integral de estas personas.
Sin embargo, aún queda la duda respecto a si este informe de la CIDH tendrá alguna implicancia o efecto contra la presidenta a nivel judicial, política e internacional.
Las implicancias judiciales que deja el informe de la CIDH
En diálogo con Gestión, el abogado penalista y docente de la Universidad de Lima, Carlos Caro, indicó que este informe emitido por la CIDH no tendrá ninguna implicancia judicial para Boluarte.
Explicó que actualmente hay en curso una investigación sobre las muertes en las protestas a nivel interno y recalcó que mientras este proceso no concluya (con una sentencia de por medio), no puede elevarse al Sistema Interamericano.
“Hay ahorita investigaciones en curso a nivel de Fiscalía e, incluso, denuncias contra la presidenta que, primero, tendrían que agotarse en la vía interna para llegar a conclusiones, como las que ha llegado la CIDH (...) este informe no es una resolución vinculante para el Estado peruano, son simplemente recomendaciones, porque técnicamente hablando el caso aún no se activa a nivel de Sistema Interamericano, aún se investiga en el fuero interno”, acotó.
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El abogado cuestionó que en el informe de la CIDH se hable de ejecuciones extrajudiciales, pese a que el organismo internacional, durante su recorrido en el Perú, no hizo ningún examen forense a los cuerpos de las víctimas o demás pruebas que acrediten tal imputación.
“Hablar de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, a mi me parece que es un juicio apresurado. En cierto modo es un adelantamiento de opinión respecto a lo que Estado peruano debe investigar”, criticó.
Caro agregó que la Fiscalía de la Nación podría recoger el informe como insumo u opinión para su propia indagación; sin embargo, precisó que tampoco es una obligación.
“Lo que creo que ocurrirá es que este informe exacerbará el discurso interno por parte de las víctimas, activistas de derechos humanos y las ONG, que querrán engrandecer el valor de este informe. Jurídicamente lo que vale son las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que no se aplica en este momento porque los procesos internos aún no han terminado. Estamos a nivel de recomendaciones, proposiciones, nada más”, apuntó.
¿Dina Boluarte podría salir perjudicada a nivel político tras publicarse el informe de la CIDH?
El analista político e integrante del grupo “50+1″, Arturo Maldonado, consideró que el contenido del informe de la CIDH no afectará a la presidenta a nivel político; sobre todo, en el tema de su popularidad.
“En realidad, en el informe se hablan de cosas que ya se sabían. Es decir, para aquellos que la desaprueban es una información que ya tenían, porque varios medios de comunicación difundieron videos e imágenes que acreditarían que si hubo un exceso de la fuerza, así que en el tema de su popularidad no creo que esto afecte”, sostuvo.
De igual manera, consideró que Boluarte tampoco sufrirá de cuestionamientos por parte de las bancadas de derecha y de centro en el Parlamento, que son mayoría en este momento.
“A nivel político hay un pacto tácito entre un sector mayoritario del Congreso y el Gobierno, y ese sector mayoritario ve con desagrado el informe. Es más, hay muchos pedidos para salirnos del sistema de la Corte Interamericana. Entonces, creo que, efectivamente, por ahí no habrá un cambio en la correlación de fuerzas. Sin duda, en la izquierda habrán voces que critiquen al Gobierno y hayan pedidos de vacancia, pero no habrá los votos suficientes. Seguramente serán más fuegos artificiales que medidas concretas de fiscalización o rendición de cuentas”, acotó a este diario.
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Sin embargo, Maldonado advirtió que el informe de la CIDH podría repercutir en un grupo de los manifestantes que protestan contra Boluarte, sobre todo, en el sur del país, Esto, debido a que verán sus posiciones reivindicadas y podrían reactivar las protestas.
“Efectivamente, hay una necesidad en la población del sur de exigir que el Gobierno haga una rendición de cuentas de lo que pasó, hasta el momento no hay un responsable. De alguna manera, esto puede articular los esfuerzos para que, en el sur, se pueda reactivar la protesta. Esto de todas maneras aún no es claro, pero sin duda le da argumentos a los manifestantes para poder intentar reavivar la protesta, tomando en cuenta que la CIDH de una u otra forma está avalando sus demandas”, añadió.
En ese sentido, dijo que las protestas podrían sumar una nueva demanda: el resarcimiento y compensación a las víctimas, lo que complicaría seriamente a este Gobierno, que aún no ha acelerado el tema.
¿Cómo afecta el informe de la CIDH a la imagen del Perú a nivel internacional?
Para el internacionalista Juan Velit, este documento nos afecta a nivel internacional debido a que contiene una serie de hechos y situaciones que nos dejan mal parado como país.
“Esto es como un golpe para el estado de derecho del Perú (...) definitivamente esto nos afecta a nivel internacional porque hace ver que el comportamiento que tuvieron las fuerzas policiales en las protestas es casi habitual, además se habla de racismo y de masacre, que es un término muy duro y fuerte”, señaló a este diario.
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En ese sentido, consideró que el Gobierno debería de iniciar una campaña de comunicación a nivel interno y externo para explicar bien cómo sucedieron todos los hechos narrados en el informe de la CIDH.
“Yo soy de la tesis de enviar delegaciones a todos estos países (de la región y externos), para explicar la real situación del Perú e informar que se darán reparaciones a las víctimas y que ya se están investigando las muertes de estas personas”, acotó.
A su juicio, la campaña de comunicación no debe ser de “protección o de silencio”, debido a que esto ocasionaría a que aumente la percepción que se tiene en estos momento del Perú en el extranjero, que no es muy favorable.
“El Estado peruano debe iniciar una campaña de esclarecimiento de esta situación y mostrar la otra cara amigable del país”, dijo.
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