Tras conocerse esta noticia, el premier Alberto Otárola anunció en conferencia de prensa que la jefa de Estado pedirá al Ministerio Público reprogramar dicha convocatoria para otra fecha (1 de junio) al recordar que ese día Boluarte tiene previsto encabezar el gran simulacro de sismo a nivel nacional.
El premier también aseguró que la mandataria no va a hacer uso del derecho al silencio durante el interrogatorio y que responderá las preguntas de los fiscales.
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“Ella (Dina Boluarte) va a decir lo que tenga que decir en un tema que, es además absolutamente claro para ella, para los ministros y para los millones de peruanos”, remarcó.
Sin embargo, eso no sería del todo cierto. El abogado de la presidente, Joseph Campos, contradijo la versión del premier al señalar que la decisión de guardar silencio de su patrocinada estará condicionada al tipo de pregunta que se le formule.
“Lo que pasa es que el guardar silencio puede ser consecuencia de dos situaciones: establecer un acto de defensa o simplemente no responder ante una pregunta impertinente. Ciertamente creo que la impertinencia de esta investigación es clarísima cuando la imputación central es de un genocidio que no tiene ni existencia jurídica ni política”, indicó a Canal N, tras precisar que Boluarte no responderá preguntas impertinentes.
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Campos aseguró que hay una máxima colaboración en la voluntad de la presidenta, pero recalcó que esto estará condicionado a la calidad de las preguntas que se formulen durante la diligencia.
“No es lo mismo guardar silencio que evitar la respuesta a una pregunta impertinente. En todo caso seré yo quien diga: ‘eventualmente esta pregunta es impertinente’. La idea es colaborar plenamente. Todas las preguntas pertinentes respecto a este tema serán respondidas”, acotó el abogado, tras considerar que guardar silencio en este tema no tendría ningún sentido porque es imposible la responsabilidad jurídica de su clienta en este tema.
Finalmente, el abogado de Boluarte enfatizó que darán la máxima colaboración para terminar esto de una buena vez. “Eso (investigación) realmente para nosotros es impertinente y, segundo, sobre todo hace daño político de manera innecesaria”, sostuvo.
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La investigación comprende a Otárola, el ministro de Defensa, Jorge Chávez y los exministros Pedro Angulo, Víctor Rojas y César Cervantes.
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