La presidenta Dina Boluarte hizo un llamado a los operadores de telefonía para poner mano dura junto al Gobierno y cerrar el paso al crimen organizado.
“Aquí hago un llamado a los operadores de telefonía, a Telefónica, Entel, Claro, Bitel, nos tenemos que unir y buscar las herramientas legales para darles fin al uso inadecuado de los aparatos de comunicación. Los chips que se venden como fueran arena del mar”, expresó.
“Señores empresarios de telecomunicaciones, ustedes y nosotros tenemos que poner mano dura para cerrarle el paso al crimen organizado”, agregó Boluarte tras informar sobre las acciones contra la delincuencia en Lima y Callao llevadas adelante por la Policía Nacional del Perú.
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Presidenta promulgó norma
La jefa de Estado poco antes promulgó en Palacio de Gobierno la ley que modifica el Decreto Legislativo 1095, que establece las reglas para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en territorio nacional.
Explicó que la norma incorpora de manera explícita la intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional y previa declaración del estado de emergencia, para asegurar el control del territorio nacional y garantizar la seguridad de todos los peruanos.
“La delincuencia organizada no admite dilaciones, dudas y debilidades”, sostuvo.
La mandataria señaló que la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo son los actos delincuenciales más destructivos que devastan nuestros recursos naturales, contaminan el agua, corrompen autoridades, financian redes criminales y pretenden desestabilizar nuestra democracia.
Frente a ello, subrayó, la respuesta del Gobierno, en unidad con el Congreso de la República, es no permitir que impedimentos legales sean aprovechados por los delincuentes.
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“No daremos tregua y no cederemos un milímetro ante la delincuencia organizada. Hoy afirmamos con la fuerza de la ley y la determinación del pueblo que no vamos a seguir mirando el delito desde la orilla, atados por impedimentos legales, diseñados por cómplices que prefieren defender los derechos humanos de los delincuentes, y no los derechos humanos de todos los peruanos", enfatizó.
En esa línea, la presidenta Boluarte remarcó que la modificación del Decreto Legislativo 1095 no solo es jurídicamente pertinente, sino una decisión urgente y moralmente ineludible. “Nuestro gobierno no permitirá que los vacíos normativos sean escudos para criminales”, dijo.
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Mencionó que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental y como tal requiere acciones firmes, decididas y amparadas por un marco legal claro.
"Por eso, esta modificación no solo es coherente con el ordenamiento jurídico vigente, sino que respalda claramente la participación de las Fuerzas Armadas cuando el crimen, el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo pretenden quitarnos la paz y la estabilidad de nuestra querida patria“, dijo.
