En una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte firmó este miércoles la ley de amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La mandataria calificó la fecha como “un día histórico” y dijo que la norma “rinde justicia y honra” a quienes enfrentaron a “una de las más terribles amenazas” de la historia nacional.
La norma fue oficializada este jueves mediante una publicación en el Diario Oficial El Peruano.
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“Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas”, señaló Boluarte, en alusión a las críticas de organismos internacionales como la CIDH, que han advertido que la ley podría implicar impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
La presidenta afirmó que la decisión “se ha tomado considerando el marco jurídico nacional e internacional” y que los derechos humanos son “la brújula” de su gobierno.
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En cuanto al contenido de la ley, la jefa de Estado rechazó que personas mayores de 70 u 80 años, que “cumplieron su deber constitucional”, sigan enfrentando procesos judiciales. Asimismo, reivindicó la soberanía del país frente a cuestionamientos externos: “Nadie puede osar insinuar a los agentes del Estado o a la sociedad peruana a subvertir las leyes de la República. Exigimos respeto como nosotros también respetamos”.
Dina Boluarte sostuvo que la norma busca cerrar “un capítulo nefasto y sangriento” y llamó a la unidad nacional.
“Que esta amnistía sea un mensaje de paz y no de divisionismo. No más terrorismo, no más injusticia y sí respeto y dignidad para nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa”, señaló.
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Finalmente, la mandataria destacó que el país vive un periodo de “crecimiento económico sólido” y alentó a “seguir unidos para lograr grandes desafíos”.
Durante el acto, la jefa de Estado estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, los titulares de Defensa, Interior y Justicia, así como congresistas exmilitares, además del presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, autor del texto sustitutorio de esta ley, y la congresista Martha Moyano.
Para el abogado penalista Carlos Caro, la Ley N° 32419, que concede amnistía a policías, militares e integrantes de Comités de Autodefensa denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo (1980-2000), es inconstitucional y anticonvencional, pues vulnera el deber del Estado de investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos. Recordó que en el caso “La Cantuta vs. Perú” (2001), la CIDH estableció que leyes similares carecen de efectos jurídicos por ser incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que convierte a esta norma en una “ley de impunidad”.Caro señaló que, si bien muchos efectivos han enfrentado procesos por décadas, incluso tras múltiples anulaciones de sentencias absolutorias o sobreseimientos, no se requiere una ley de amnistía para resolver estos casos, ya que en la mayoría la acción penal ha prescrito y la demora vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Precisó que el Tribunal Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre un proceso que, de ser declarado infundado, provocaría el cierre inmediato de la mayoría de expedientes. En tanto, prevé que los jueces puedan inaplicar la ley por control difuso o de convencionalidad, quedando la última palabra en manos del TC y de la Corte IDH.
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¿Justicia o impunidad?
La promulgación de la ley de amnistía ha generado reacciones polarizadas.
Para Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, “la sola existencia de la norma ya era una señal clara de impunidad”.
“Este Congreso, que se ha caracterizado por eludir la acción de la justicia, debilitar el sistema y facilitar la criminalidad organizada, ha aprobado una ley que es inconstitucional, inconvencional e inaplicable. Ningún juez la va a aplicar directamente porque estaría haciendo prevaricato”, dijo a Gestión.
Pérez Tello advirtió que en el fondo lo que está haciendo la presidenta “es allanar su camino para el futuro, garantizando su propia impunidad” y que la decisión “nos aleja, por supuesto, de la OCDE y de cualquier mirada del mundo como un país serio, con seguridad jurídica, reglas claras y que respeta los derechos humanos”.
Según dijo, “las leyes de amnistía son impunidad y están prohibidas; cualquier forma que haga que un delincuente eluda la acción de la justicia está prohibida, y eso lo sabe cualquier juez en nuestro sistema de justicia”.
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En contraste, José Luis Gil Becerra, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), calificó la medida como una “decisión histórica de la presidenta Dina Boluarte”.
“Termina definitivamente con el manto de injusticia que sometió de manera injusta, parcializada, inhumana y eterna, a quienes vencieron en la lucha contra el terrorismo a sanguinarios grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que son nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, comentó.
Gil Becerra aseguró que esta norma “sirva de lección al país y a quienes creen que pueden levantar la mano contra un pueblo indefenso, como fue el Perú de las décadas de los 80 y 90″.
“Que sepan que el Estado y la nación peruana, aunque tarden, harán justicia, porque en ninguna parte del mundo los vencidos deben juzgar a los vencedores”, sentenció.
