La presidenta de la República, Dina Boluarte, denunció al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y exigió que se le pague la suma de S/ 428,905 por conceptos laborales cuando fue parte de esta institución, reveló el dominical Panorama.
Como se sabe, la mandataria ingresó a trabajar a esta entidad en el 2007 y en el 2015, Boluarte Zegarra fue promovida como jefa encargada de la Oficina Registral Surco - Higuereta, sin embargo en mayo del 2021 y por cuestiones electorales en la que participaba junto a Pedro Castillo decide solicitar su licencia sin goce de haberes.
Lo que llama mucho la atención, es que la jefa de Estado esté demandando a su ex centro de labores solicitando que se le reconozca el pago de aguinaldos, vacaciones, taxis, uniformes, hasta canastas navideñas, el cual al hacer la suma de todo esto llega a costear casi medio millón de soles, indicó el reportaje.
Panorama presentó documentación exclusiva desde que se inició este proceso en el 2020. Pese a que en ese tiempo ella tenía un cargo de confianza, empezó a exigir estos beneficios como si fuera una trabajadora sindicalista.
“La historia es sencilla de entender. Luego de postular y perder las elecciones en el 2020, Dina Boluarte decidió reclamar cerca de medio millón de soles por concepto de beneficios laborales. Ella exigía y exige que se le pague por todos los conceptos y por el uso de los taxis que pagó pata trasladarse a la entidad”, indicó el informe periodístico.
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Rechazó conciliación judicial
Durante el proceso que se inició en el 2020 no se desarrolló ninguna diligencia. Sin embargo, en el 2021, cuando Dina Boluarte se volvió vicepresidenta del Perú, fue convocada el 25 de noviembre de ese año para desarrollarse una audiencia de conciliación judicial para llegar a un acuerdo entre la mandataria y el Reniec.
Aquel día Dina Boluarte siendo ya ministra, irónicamente no quiso conciliar con el Estado, ella quería que se le pague y se le reconozca todos los beneficios por trabajar por tantos años en dicha entidad. La conciliación no pudo llegar a ningún acuerdo debido a las posiciones antagónicas de las partes.
Cinco meses después, la Corte Superior de Justicia de Lima, específicamente el Sexto Juzgado de Trabajo permanente de Lima, emitió una sentencia en donde Dina Boluarte obtuvo una resolución a favor por S/ 300,000, dinero que el Estado específicamente el Reniec debía desembolsar.
Aquel día el Poder Judicial ordenó que se le pague a Dina Boluarte por los siguientes montos:
1) S/ 140,390 por concepto de gratificaciones, vacaciones no gozadas e indemnización vacacional.
2) Se ordenó además el pago de S/ 60,432 por concepto de CTS.
3) El pago de S/ 84,151 por concepto de beneficios sindicales. Sin embargo, en este punto llama la atención porque Dina Boluarte no era sindicalista formal.
Sin embargo, esta primera sentencia fue apelada por el Reniec por ser inadecuada. No todo terminaba ahí, pues meses después, el Poder Judicial volvió a darle la razón a la presidenta y esta vez se le otorgaría un pago de S/ 239, 674, medida que nuevamente fue apelada por la institución.
Para el experto en derecho laboral Javier Dolorier resulta irregular pagar por beneficios sindicales cuando hoy la presidenta del Perú nunca formó parte de algún sindicato porque su condición laboral no se lo permitía.
“No resulta legal pagar por este concepto porque es apelar a la imaginación el apelar al supuesto que la trabajadora formó parte de un sindicato, por lo que resulta ilegal otorgar estos pagos”, expresó.
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Reniec rechaza y apela resolución
Para el Procurador General del Reniec, José Espinoza, lo pedido por Dina Boluarte no es razonable y constituyó un exceso. Pese a que en dos instancias estas exigencias por parte de la mandataria fueron a su favor, la institución apeló a estas decisiones por considerar que no se ajustaba a la ley y era un gasto no adecuado para el propio Estado.
En la actualidad el Reniec no está dispuesto a realizar un pago que considera excesivo e injustificado para la presidenta, por eso la resolución apelada se encuentra en estos momentos en la Corte Suprema.
