
En la era de la imagen, el poder también se escenifica. Frente a cámaras, con el guión cuidadosamente calibrado, la presidenta Dina Boluarte estaría -o estuvo quizás- intentando dar el salto a la televisión nacional protagonizando un programa desde la señal del Estado.
De ser el caso, la pantalla, como en otras épocas y otros gobiernos, es la que siempre asume el riesgo de convertirse en escenario político. Y el costo, por supuesto, asumido por el erario público.
Hasta el momento, solo el premier Eduardo Arana ha confirmado la “intención”, pero afirmando que “no está dentro de su esquema inmediato”. Incluso, después de la conferencia del Consejo de Ministros, negó toda posibilidad que este programa pueda ver la luz:
“Nunca se trató de un proyecto de programa semanal. No se hará uso de ninguna plataforma del Estado para violar o aprovecharse y menos afectar la neutralidad electoral”, señaló.
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Sin embargo, si pensamos en un programa que tenga como protagonista a un presidente de la República, ¿puede un gobierno usar el aparato mediático del Estado para reposicionar su imagen en medio de una baja aprobación? ¿Cuánto le costaría al país una producción televisiva presidencial?
Aunque el Ejecutivo aún no ha detallado oficialmente la existencia de un formato, nombre, ni frecuencia del espacio, fuentes cercanas al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) han confirmado que la propuesta estuvo y que incluso está en evaluación. Es un proyecto “demorado”, dice la fuente, añadiendo que por este motivo hay constantes movidas en el equipo de comunicaciones de Palacio.
El programa tendría como finalidad “conectar directamente con la población”, según adelantó un funcionario del entorno presidencial. Sin embargo, para expertos en comunicación política, la iniciativa plantea más dudas que certezas.
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¿Precedentes?
No sería la primera vez que una figura política peruana tendría la intención de usar medios estatales para protagonizar un espacio propio.
En 2019, la entonces congresista Yeni Vilcatoma condujo el programa “Sin Corrupción” en el canal del Congreso, generando una ola de críticas por el uso “personalista” del espacio.
Aunque el Poder Legislativo justificó el programa como parte de su línea informativa, el contenido estaba claramente alineado con el discurso político de la parlamentaria. Finalmente, el programa fue “suspendido” del aire y no volvió a retomarse.

Más allá de este caso, la iniciativa de que una presidenta conduzca un programa propio en la señal del Estado no tiene precedentes reales en el país.
“En el Perú, ningún presidente ha tenido un espacio propio, recurrente, en la televisión estatal. Ni Toledo, ni Alan García, ni Ollanta Humala. Tampoco Pedro Castillo o Martín Vizcarra”, afirma Hugo Coya, expresidente ejecutivo de IRTP, en entrevista con Gestión.
El caso más cercano fue el del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien en 2017 impulsó un espacio quincenal titulado "Conversando con el Presidente". El programa, de unos 20 a 25 minutos, mostraba a Kuczynski entrevistando a sus ministros sobre los avances de sus carteras.
“Se grababan en distintas regiones, pero solo se emitieron tres episodios. El espacio fue levantado por falta de audiencia y por las críticas que generó”, recuerda Coya.

Más atrás en el tiempo, se puede mencionar el caso de Alberto Fujimori, quien participó en el programa Concertando, aunque “eso fue antes de que fuera presidente, así que no cuenta como antecedente en ejercicio del cargo”, precisa el exfuncionario.
También se intentó un formato más reciente en la gestión de Pedro Castillo: el programa “Con punche Perú”.
“No lo conducía el presidente, sino voceros de distintos ministerios. Fue muy efímero y no logró audiencia”, señala Coya.
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¿Cuánto cuesta una producción televisiva del Estado?
Producir un programa semanal en el canal del Estado -de entre 30 a 60 minutos- no es gratuito. Aunque TV Perú cuenta con infraestructura y personal permanente, la puesta en marcha de un programa semanal implica una inversión considerable.
Según los estándares de producción de IRTP, un programa de media hora a una hora de duración puede costar entre S/ 40,000 y S/ 50,000 semanales si se opta por un formato modesto, y hasta S/ 150,000 por episodio si se requiere mayor despliegue técnico, escenografía, unidades móviles, postproducción y difusión multicanal.

Dependerá también si es programa grabado o en vivo, la cantidad de personal técnico y el tipo de escenografía y locación utilizada. Esto incluye camarógrafos, productores, guionistas, editores, iluminación, sonido y logística.
“Hay camarógrafos, iluminadores, operadores de sonido, técnicos de switcher, director técnico, productor general, guionistas, editores, diseñadores gráficos, musicalizadores, escenógrafos, personal de maquillaje, vestuario, transporte, seguridad, logística de refrigerios, y más. La televisión involucra a mucha gente, incluso para hacer un programa semanal”, comentó el expresidente de IRTP.
A pesar de que IRTP dispone de presupuesto anual asignado por ley, la creación de un nuevo programa no contemplado originalmente —especialmente si es impulsado desde Palacio de Gobierno— requiere justificación formal, aprobación institucional y probablemente una partida adicional de fondos. En ese contexto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de su Secretaría de Comunicación Social, aparece como la entidad más probable para asumir los costos, dado que la Secretaría de Prensa de Palacio no cuenta con los recursos ni las atribuciones para sostener una producción televisiva propia.
De no estar presupuestado, cualquier desembolso desde IRTP debe estar plenamente documentado, pues de lo contrario se expone a cuestionamientos de la Contraloría, el Congreso o incluso la Fiscalía.
“Los funcionarios del IRTP no pueden usar la señal estatal libremente para este tipo de fines sin sustento normativo ni presupuestal. Si no está aprobado con anticipación en el presupuesto anual del Estado, puede haber consecuencias legales”, señala Hugo Coya.

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¿Qué dice la experiencia internacional?
El caso de Dina Boluarte no sería el único en la región. Varios líderes latinoamericanos han utilizado programas de televisión para reforzar su narrativa política:
- Hugo Chávez condujo durante años el programa dominical "Aló Presidente", un espacio de varias horas que mezclaba anuncios, entretenimiento y discurso político.
- En México, Andrés Manuel López Obrador realizaba todas las mañanas la conferencia “mañanera”, transmitida en vivo por medios públicos, donde respondía preguntas de periodistas y lanza mensajes políticos.
- En El Salvador, Nayib Bukele ha optado por el uso masivo de redes sociales y ocasionalmente de la televisión pública para difundir discursos y anuncios sin intermediación.

Sin embargo, en la mayoría de estos casos, los presidentes enfrentaron acusaciones de utilizar los recursos públicos con fines proselitistas.
El fondo del debate, por tanto, no es solo presupuestal. Está en la naturaleza del formato.
“Un programa semanal protagonizado por la presidenta. sin contrapreguntas, sin fiscalización, sin prensa independiente, desnaturaliza el sentido de la comunicación pública y se convierte en un mecanismo de autopromoción con recursos del Estado”, dice Coya.
“No se trata de un espacio de diálogo ni de rendición de cuentas, sino de una vitrina para construir una narrativa oficial en un contexto de fuerte desaprobación ciudadana”, agregó.
La línea que separa la información institucional de la propaganda política se vuelve difusa cuando la autoridad en ejercicio se posiciona como figura central de un espacio televisivo pagado con fondos públicos.
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¿Comunicación de gobierno o precampaña encubierta?
El trascendido de este programa televisivo llega justo cuando la presidenta enfrenta una fuerte crisis de desaprobación, según las encuestas más recientes.
La ambigüedad del mensaje oficial -donde no queda claro si el espacio se enmarca en la estrategia de comunicación del gobierno o responde a una necesidad personal de visibilidad- incrementa las sospechas.
A esto se suma el hecho de que la presidenta ha optado por una estrategia comunicacional cerrada, con cero entrevistas a medios independientes y pocos -casi nulos- espacios de preguntas abiertas a la prensa.

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El dilema del canal del Estado
¿Medio público o gubernamental? La posible aparición de Dina Boluarte como conductora o figura central de un programa vuelve a poner bajo la lupa el rol del canal del Estado. ¿Debe ser un espacio plural que informe con independencia? ¿O puede servir como brazo comunicacional del Ejecutivo?
Desde hace años, gremios de periodistas y exfuncionarios del IRTP reclaman una reforma profunda del canal, que garantice su autonomía editorial y lo libere de injerencias políticas. Sin embargo, con cada nuevo gobierno, TV Perú suele ser objeto de cambios abruptos en su línea y personal directivo, sin mecanismos claros de transparencia.
Desde el Ejecutivo, una eventual defensa del programa podría apoyarse en el argumento del alcance nacional del canal del Estado. Y no sería falso. “TV Perú llega a más del 90% del territorio nacional, cubriendo incluso zonas rurales a donde no llegan los medios privados. En términos de cobertura técnica, es el canal más extendido del país”, dice Hugo Coya.
Sin embargo, eso no equivale a rating ni a impacto real. Aunque TV Perú cuenta con una audiencia cautiva en regiones alejadas, sus programas suelen tener bajo consumo en Lima y otras capitales, donde los canales privados dominan la preferencia. Un programa presidencial, aún con amplia cobertura, difícilmente podría competir con los espacios periodísticos dominicales o noticieros de alto alcance.

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¿Una oportunidad perdida o un síntoma del desgaste?
En momentos donde el país necesita transparencia, diálogo abierto y decisiones firmes para enfrentar la inseguridad, la crisis institucional y el descontento social, la apuesta del Ejecutivo por un espacio televisivo parece apuntar más a una estrategia de imagen que a una reforma estructural de la comunicación del Estado.
El dilema de fondo no es si la presidenta tiene derecho a comunicar -porque lo tiene-, sino cómo lo hace, con qué recursos y con qué fines. Mientras tanto, los ciudadanos seguirán preguntándose si, además de aparecer en pantalla, su gobierno tiene algo nuevo que decir. O tal vez, sí finalmente tomará la decisión de hacerlo mediante un programa propio de televisión.
Los antecedentes regionales muestran que los programas presidenciales no siempre se traducen en mayor aprobación ciudadana. De hecho, suelen alimentar la polarización y provocar denuncias por uso indebido de recursos públicos.
“Un gobierno impopular no mejora su imagen solo por tener un programa televisivo financiado por todos los peruanos. Es una estrategia riesgosa, costosa y, desde el punto de vista ético, muy cuestionable”, concluye Coya.