El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia desde que el Poder Judicial lo sentenciara a tres años y medio de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’, pidió al Congreso de la República del Perú que restituya la inmunidad parlamentaria.
Esto, al referirse a la decisión de la fiscal suprema Delia Espinoza, quien lo incluyó, junto a otros 14 legisladores, en la investigación seguida contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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“El Congreso debiera restituir la inmunidad parlamentaria en todos sus extremos, porque en estas condiciones nadie puede hacer política. La demagógica medida de eliminarla degeneró en un chantaje bilateral entre el Congreso y la Fiscalía. Así, solo se inestabiliza al país”, indicó en sus redes sociales.
De esta manera, Cerrón compartió la postura fijada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien es uno de los incluidos en la indagación. El legislador de Alianza para el Progreso (APP) adelantó que no permitirá el allanamiento de las oficinas de los congresistas bajo investigación, tal como sugirió Edgar Tello.
¿Cómo inició este enfrentamiento entre Congreso y Fiscalía?
A inicios de este mes, el Ministerio Público anunció la ampliación de la investigación seguida contra Benavides, y la inclusión, como investigados, de 14 congresistas, entre ellos, Soto y Tello, tres fiscales y Cerrón.
Todos ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, cohecho, patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
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Tras conocerse esta noticia, la respuesta desde el Parlamento no se hizo esperar. Los legisladores Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una denuncia constitucional, junto a Tello, Luis Aragón, Ilich López y Luis Cordero Jon Tay, contra Delia Espinoza por haberlos incluido en la investigación que se le sigue a Benavides.
A la fiscal suprema se le atribuye los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. Además, se le acusa de haber cometido infracción de los artículos 39, 51, 99 y 159 de la Constitución.
En ese sentido, se pide que Espinoza sea destituida e inhabilitada en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
Los congresistas afirman que la fiscal suprema no tiene competencia para investigarlos y que solo el fiscal de la Nación puede realizar esta medida.
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