
Si bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recién se instaló oficialmente el pasado viernes 22 de agosto, ya tiene una carga importante de trabajo heredada de las gestiones anteriores.
Una de las primeras disposiciones que adoptó la presidenta de dicha grupo de trabajo, Lady Camones, fue suspender el trámite de las denuncias constitucionales presentadas contra la mandataria Dina Boluarte en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó suspender todas las investigaciones en su contra.
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Sin embargo, hay otras denuncias que involucran a otros altos funcionarios que se encuentran pendientes de evaluación. La mayoría de ellas están relacionadas a congresistas, quienes vienen siendo investigados por la comisión de diversos delitos.
Precisamente, el Ministerio Público informó que entre el periodo 2024 a la fecha presentó ante el Congreso un total de 29 denuncias constitucionales contra actuales congresistas; sin embargo, la mayoría de ellas aún no han sido debatidas al interior de la subcomisión. Esto, a pesar a que ya han transcurrido alrededor de 20 meses.
De las 29 denuncias constitucionales, 7 se encuentran en trámite y 18 en espera; es decir, aún ni siquiera han sido admitidas. En tanto, otras 4 ya fueron archivadas en su momento.

¿QUIÉNES SON LOS 39 LEGISLADORES CON DENUNCIAS CONSTITUCIONALES?
De acuerdo al listado de la Fiscalía, al que accedió Gestión, son 39 los legisladores que afrontan denuncias constitucionales por la comisión de diversos delitos, entre ellos, pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias, peculado, concusión, entre otros.
Entre los congresistas investigados figuran Magaly Ruiz (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú), Darwin Espinoza (Podemos Perú), Guido Bellido (Podemos Perú), Katy Ugarte (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), Raúl Doroteo (Acción Popular), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Jorge Flores Ancachi (APP), Kelly Portalatino (Perú Libre), Maricarmen Alva (no agrupada), Héctor Ventura (Fuerza Popular), entre otros más.
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Un grupo de estos parlamentarios vienen siendo investigados en el Ministerio Público por presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores, mientras que otros 24 congresistas, entre ellos, Américo Gonza, Silvia Monteza, Carlos Zeballos y Francis Paredes, son sindicados de integrar el denominado grupo ‘Los Niños’.
Respecto a la expremier Betssy Chávez, quien afronta prisión preventiva en el marco del caso Golpe de Estado, y María Cordero Jon Tay, si bien actualmente se encuentran suspendidas en sus cargos de congresistas, afrontan denuncias constitucionales en el Parlamento.

En diálogo con este diario, Camones adelantó que desde esta semana se empezarán a revisar todas estas denuncias, pero de forma equilibrada; es decir, se dará prioridad a las presentadas por la Fiscalía, pero también a las más antiguas.
Al ser consultada por un posible ‘blindaje’ en favor de algunos legisladores al interior de la subcomisión, recordó que todos los procedimientos que realiza su grupo de trabajo están regulados en el reglamento de la institución, por lo que descartó que se vaya a cometer alguna irregularidad.
“El procedimiento se sigue en la forma que se establece y bajo los requisitos que se establecen. Los informes son sometidos a votación y los resultados son producto de la votación de los miembros que la integran. Difícilmente podríamos ir en contra de las decisiones que se adoptan mediante el voto de la mayoría”, dijo a Gestión la también congresista de APP.
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¿QUÉ OTRAS DENUCIAS ESTÁN PENDIENTES EN LA SUBCOMISIÓN?
El mes pasado, este diario informó que la SAC tiene en agenda cinco denuncias constitucionales contra la fiscal suprema Patricia Benavides por delitos que van desde el peculado doloso agravado hasta falsedad genérica y encubrimiento personal.
Sin embargo, Benavides, el último viernes, presentó una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por no acatar en su momento la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ordenó su reposición como fiscal suprema. Por estos hechos, pide que la titular del Ministerio Público sea inhabilitada por 10 años.
El presidente del Congreso, José Jerí, consideró que dicha denuncia debe revisarse con “celeridad”; sin embargo, Camones recalcó que las decisiones que se adoptan en la subcomisión son “autónomas”, por lo que dijo que no aceptarán ninguna imposición.
“Los lineamientos de trabajo ya se comunicaron. Mantendremos siempre la objetividad e imparcialidad que esta subcomisión requiere”, indicó a este diario.

Otros funcionarios importantes que afrontan denuncias constitucionales en el Congreso son el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, así como los exministros Alberto Otárola, Félix Chero, Rómulo Mucho y Jorge Prado Palomino.
Los expresidentes Martín Vizcarra y Pedro Castillo, ambos bajo el mandato de prisión preventiva, también han sido denunciados constitucionalmente ante el Parlamento, así como el actual ministro de Educación, Morgan Quero.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.