Delia Espinoza, fiscal de la Nación en funciones, presentó una denuncia penal contra su antecesora Patricia Benavides, tras lo ocurrido el pasado lunes en la sede del Ministerio Público. La acción legal también incluye a su abogado Juan Peña Flores y a otras cinco personas que la acompañaron durante lo que Espinoza calificó como una “irrupción violenta”.
La acusación alcanza presuntos delitos contra la administración pública, como usurpación de funciones, ostentación de distintivos de cargo que no se ejerce y resistencia a la autoridad, así como delitos contra la tranquilidad pública y contra el patrimonio, por usurpación agravada.
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“Se le ha denunciado por usurpación de funciones, usurpación de inmueble en su modalidad de turbación”, indicó Espinoza en entrevista con Cuentas Claras, de Canal N. “Entraron de manera violenta y por eso se tomaron precauciones legales”.
Pese a los rumores de un enfrentamiento institucional, la fiscal rechazó cualquier escenario de crisis. “No existe pugna de poderes, ni incertidumbre ni desconcierto. Lo que ocurrió el lunes ya se superó”, afirmó, asegurando que el Ministerio Público no ha paralizado sus labores.
Respecto a la posibilidad de que Benavides sea restituida como fiscal de la Nación tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Espinoza expresó dudas sobre la validez del procedimiento. Indicó que el documento entregado el lunes carece de las firmas de los siete magistrados, lo cual —según sostiene— genera incertidumbre jurídica.
“Se la devolvió porque solamente tenía la resolución con la firma del presidente. No trae video público de la deliberación ni votación. Debemos tener esa certeza jurídica de que han votado los miembros del colegiado”, dijo.
La fiscal también negó estar aferrándose al cargo. “No es una agenda personal, es una agenda institucional. La única autoridad para designar al fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos”, remarcó.
Patricia Benavides deberá retomar su cargo dentro del Ministerio Público, según la JNJ. (Foto: Andina)
Sobre las críticas de otros poderes del Estado, como la Defensoría del Pueblo o algunas voces del Congreso, Espinoza fue enfática: “El respeto empieza por no opinar de lo que no se sabe. Además, estamos hablando de personas con serias investigaciones en curso”.
Consultada sobre las declaraciones del magistrado Francisco Távara —quien denunció hostigamiento dentro de la propia JNJ—, Espinoza confirmó que se ha abierto una indagación preliminar. “Ya dispuse que se abra una carpeta porque son hechos claros que ha descrito el doctor Távara. Tenemos que investigar”, sostuvo.
Además, recordó que investigar a altos funcionarios corresponde exclusivamente al fiscal de la Nación. “No es porque quiera, es un tema de competencias”, mencionó, aclarando que no hay persecución política, sino obligación legal de actuar ante posibles delitos.
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Finalmente, Espinoza descartó que el la Fiscalía requiera una reforma estructural: “No estamos en crisis. La única crisis que tenemos es la presupuestal. El Ministerio Público es autónomo y está funcionando”.
En medio del debate por la legitimidad de su mandato y las decisiones de la JNJ, Espinoza insiste en que el único camino es el respeto a la ley y a la institucionalidad. “La Constitución se respeta”, concluyó.
