La fiscal suprema Delia Espinoza, quien recientemente se reincorporó al Ministerio Público, dirigirá la investigación contra los altos funcionarios que estuvieran involucrados en la presunta organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Así lo dispone una Resolución de la Fiscalía de la Nación, publicada el último fin de semana en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
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En la resolución se precisa la competencia de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Espinoza, para que conozca en adición a sus funciones los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos que correspondan a la investigación seguida en la carpeta fiscal 1228-2023 (caso que involucra a Benavides).
De esta manera, la fiscal suprema podrá ver la investigación preliminar y preparatoria, así como en las etapas intermedia y juicio oral, según la instancia en la que actúe, de los delitos de función, de criminalidad organizada y conexos atribuidos a funcionarios públicos y jueces y fiscales de todos los niveles.
“Disponer que la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, en adición a sus funciones, conocerá los casos de elevación de actuados prevista en los incisos 5 y 6 del artículo 334 del Código Procesal Penal, y los casos de forzamiento de la acusación previsto en el 346º, inciso 1 del Código Procesal Penal, que se generen en la carpeta N.º 1228-2023 y los casos conexos a ella”, se lee en el documento.
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La tesis fiscal sobre la presunta organización criminal
La tesis fiscal advierte suficientes indicios que hacen presumir la existencia de una presunta organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público y que habría sido liderada por la propia Benavides.
Benavides y sus exasesores, Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, integrarían una organización criminal que habría instrumentalizado la persecución penal para beneficio propio, con el objetivo de influir ilícitamente en decisiones de congresistas frente a la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema.
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