Ante la publicación del Decreto Supremo n.° 148-2022-PCM que dispone declarar en reorganización el Despacho Presidencial, la Defensoría del Pueblo reconoció la medida y recomendó que para combatir actos de corrupción desde todos los niveles del Ejecutivo debe reactivarse la Unidad Funcional de Integridad del referido despacho, desactivada en agosto del año pasado.
Dicha instancia fue creada en marzo del 2021 con el fin de implementar mecanismos e instrumentos para la promoción de la integridad y la lucha anticorrupción en dicho organismo público, recordó la representante de la Adjuntía para la Lucha contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo, Susana Silva.
En su momento, la Defensoría del Pueblo consideró que la desactivación de la Unidad Funcional de Integridad del Despacho Presidencial resultaba inadmisible que se desactiven mecanismos que tienen por fin prevenir actos de corrupción, más aún si tal medida fue adoptada en esta dependencia jerárquica, la más alta del Estado.
A través del Reporte n.° 4, Avances y retos en la implementación del modelo de integridad en el Poder Ejecutivo, publicado en diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo advirtió que las entidades de gobierno deben implementar una oficina de integridad o unidad funcional con personal a dedicación exclusiva para garantizar el éxito en la estrategia de prevención de la corrupción en las entidades del sector público.
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“Ante la decisión de una inminente reorganización del Despacho Presidencial se invoca a la presidenta de la República promover el fortalecimiento de las oficinas de integridad en los distintos ministerios, organismos públicos ejecutores, organismos públicos especializados, entre otras dependencias del Poder Ejecutivo en aras de garantizar la cabal implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, añadió.
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