Defensoría del Pueblo se muestra a favor de declarar en emergencia todos los distritos de Lima

La semana pasada el Gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en tres distritos del Perú para combatir la delincuencia y la criminalidad organizada en dichas zonas. Estos lugares son San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres (Lima) y Sullana (Piura).

Al respecto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, consideró que el Ejecutivo debió adoptar esta medida en todos los distritos de Lima Metropolitana y no solo en dichas zonas.

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“Los 30 primeros días nos van a llegar a hacer determinaciones mucho más concluyentes, pero, a hoy considero que todo Lima Metropolitana debió haber sido declarada en emergencia, pero ponderando por sobre todo la labor de inteligencia (de la PNP)”, dijo a RPP.

Gutiérrez añadió que necesitamos mejorar las labores preventivas de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poder identificar a tantas organizaciones criminales nacionales que venían operando en el Perú y otras que se trasladaron desde otros países.

“Ciertamente ahí nuestra preocupación es mucho mayor porque la incidencia de mayor agresividad, el impacto en las muertes y heridos de nuestros connacionales demandan mayor esfuerzo”, remarcó.

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Si bien consideró que declarar el estado de emergencia solo en tres distritos del país es un medida que no tiene mayor rigor científico, sostuvo que cualquier propuesta que busque la tranquilidad, la paz social y combatir íntegramente la criminalidad siempre será bienvenida.

“Nos alegra que se empiece a trabajar y ciertamente es mejor que te critiquen por hacer que por no hacer. En esa línea, nosotros, como Defensoría, estamos poniendo a nuestros comisionados en las zonas que están en emergencia para que se cautele el real ejercicio sin mayores excesos de parte de la Policía, pero alentando que ellos, como oficiales del orden, deben tener el respaldo, la colaboración de todas las entidades. De nuestra parte hay todo el respaldo al comando conjunto”, manifestó.

Finalmente, el titular de la Defensoría dijo que se le debe dar el beneficio de la duda al Gobierno y se mostró esperanzado en que en 30 días el balance de la aplicación de esta medida será positivo.

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