La Defensoría del Pueblo, informó que presentó un proyecto de ley en el que desarrolla el artículo 150 y el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución Política del Perú, para que en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Ley N° 30916 se implemente a la brevedad el cuadro de méritos obligatorio y vinculante de jueces y fiscales provisionales, para cubrir las plazas en todos sus niveles.
Agregó que lo hace en el marco de su mandato constitucional de supervisar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y velar por la plena vigencia de los derechos fundamentales.
Explicó que actualmente, sin marco constitucional, diversas autoridades —como los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia y la Fiscalía de la Nación— designan jueces y fiscales provisionales sin una evaluación meritocrática ni concurso público, situación que ha generado preocupación por la ausencia de criterios objetivos, así como por el riesgo de posibles injerencias o arbitrariedades que afectan la independencia judicial y fiscal.
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En ese sentido, señaló que la propuesta busca corregir una deficiencia estructural del sistema de justicia peruano, proponiendo que sea la Junta Nacional de Justicia la única entidad responsable de llevar a cabo estos nombramientos, mediante procedimientos que garanticen la transparencia, la evaluación de méritos y la idoneidad técnica de las personas seleccionadas, tanto para los cargos titulares como provisionales.
Poder Judicial (Foto: Manuel Melgar / GEC)
La Defensoría del Pueblo considera que esta propuesta resulta concordante con los principios de legalidad, mérito, transparencia y eficiencia que deben regir el acceso a la función pública, en particular en el ámbito de la administración de justicia, y reitera la necesidad de adoptar reformas que fortalezcan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
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Por ello, exhortamos al Congreso de la República a debatir esta propuesta con la rigurosidad técnica y el sentido de urgencia que el tema amerita, evaluando sus implicancias para el fortalecimiento de un sistema de justicia autónomo, profesional y al servicio de la ciudadanía.
