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La Defensoría del Pueblo, dirigida por Walter Gutiérrez, instó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, “reexaminar” su decisión de suspender la investigación preliminar contra el jefe de Estado, Pedro Castillo. Resaltan que sería el procurador general de la República quien debería solicitar la interrupción de las pesquisas.
“La Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio Publico reexaminar su decisión integrando todas las normas y principios constitucionales. En todo caso, considera que corresponde al procurador general del Estado solicitar la reconsideración con la finalidad de que la investigación preliminar no sea suspendida”, manifestaron a través de un comunicado.
Además, destacan que si bien el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser acusado, salvo en determinados supuestos, “esta disposición no debe ser interpretada de manera literal ni aislada de otros mandatos constitucionales de obligatorio cumplimiento”.
“La decisión del Ministerio Publico en la cual dispone haber mérito para investigar preliminarmente al mandatario y, a la vez, suspende el inicio de los actos de investigación resulta a juicio institucional contradictoria”, indicó el documento.
En la víspera, la fiscalía de la Nación anunció que abrirá una indagación preliminar al mandatario por los casos Concesión Puente Tarata III, Adquisición de Biodiesel B100 y Ascensos militares. Por estos hechos se le atribuye la presunta comisión de tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
Sin embargo, remarcaron que esta investigación quedará aplazada hasta julio del 2026, fecha en la que concluye el mandato presidencial de Castillo Terrones.
“Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”, indicó el Ministerio Público.
Asimismo, la fiscalía recordó esta es la segunda vez, en la historia del Ministerio Público, en la que un fiscal de la Nación abre investigación a un presidente de la República durante el ejercicio de su cargo, tal como ocurrió en octubre del 2020 con el entonces mandatario Martín Vizcarra.
“(Se) dispuso abrir investigación al entonces presidente Martín Vizcarra por sus vínculos con el ciudadano Richard Cisneros Carballido (conocido como Richard Swing), quien se vio favorecido con diversas contrataciones en el Ministerio de Cultura”, recordó.
