Un día después de que se conociera el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas en el Perú, el premier Alberto Otárola adelantó que el Ejecutivo analizará completamente las 36 recomendaciones del documento para “ver la pertinencia de su aplicación” en el marco del Pacto de San José, de acuerdo a nuestra propia legislación interna.
“Son recomendaciones que serán remitidas a todos los sectores y seguramente del sector Justicia se van a estar haciendo un seguimiento adecuado para poder remitir los informes a que se comprometa el Perú, de eso se trata”, indicó a RPP.
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Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó en su cuenta de Twitter que supervisará el cumplimiento de estos planteamientos realizados por el organismo internacional.
“El Estado peruano, a través de sus instituciones, incluida la Defensoría del Pueblo, tiene el deber de adoptar estas recomendaciones en atención a nuestro compromiso internacional de defensa de derechos humanos. Supervisaremos cumplimiento de dichas sugerencias por diferentes entidades públicas”, se lee en el mensaje.
Dicha institución, liderada por Eliana Revollar, también enfatiza que la CIDH ha planteado estas recomendaciones, “con el fin de que el Estado garantice y repare derechos fundamentales de personas afectadas, sobre todo de familiares de fallecidos”.
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