La Defensoría del Pueblo consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del Congreso constituye un retroceso y vulnera las bases del Estado constitucional del derecho peruano, ya que en reiterada jurisprudencia precisó que no existen zonas exentas de control constitucional.
Señaló que en el pasado el TC garantizó que todo acto del poder público se someta a la Constitución como norma vinculante, incluidos los actos del Congreso.
“Sin embargo, en su reciente sentencia, ha incorporado la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, retirando del control jurisdiccional a ciertos actos del Parlamento, sin justificar el apartamiento de la línea jurisprudencial sostenida hasta el momento”, manifestó a través de un comunicado.
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Para la Defensoría del Pueblo, esta doctrina “supone un retroceso en la obligación de garantizar derechos fundamentales, y debilita la fuerza normativa de la Constitución y el Estado constitucional de derecho”.
“Como resulta evidente, existen actos discrecionales sujetos a valoración política, pero ello no significa que no puedan afectar derechos fundamentales que corresponde a los jueces garantizar”, subrayó.
Asimismo, la Defensoría señala que el fallo del TC “afecta la independencia judicial”, ya que el artículo 139, inciso 2, de la Constitución establece el principio de independencia judicial y prohíbe expresamente que una autoridad interfiera en un proceso a cargo de un juez.
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