La Fiscalía presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez , quien es investigado por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo en agravio del Estado.
Se le investiga por proponer y designar a la militante de Alianza para el Progreso (APP), María del Carmen Olórtegui Risco, en el puesto público de jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad, pese a que no cumplía con los requisitos legales exigidos en el Manual del Clasificador de Cargos de dicha entidad.
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Tras conocerse esta noticia, Gutiérrez criticó la decisión adoptada por el Ministerio Público y aseguró que responderá con pruebas y argumentos desde lo jurídico hasta lo formal.
En entrevista con radio Exitosa, consideró que la presentación de esta denuncia deslegitima a la institución que preside. Además, aseguró que la Fiscalía ha hecho mal su trabajo.
“Hay que responder con pruebas y argumentos que tienen que ver desde lo jurídico hasta lo formal. Preocupa un poco por el tema de la autonomía porque se perjudica y deslegitima a una institución tan noble y seria. Asumimos esto con mucha responsabilidad y sin ningún apasionamiento. El Ministerio Público, mal o bien, hizo su trabajo, pero yo creo que mal”, dijo esta mañana.
El titular de la Defensoría criticó que en la denuncia se cuestione la designación de Olórtegui Risco en dicho puesto por ser una psicóloga y no abogada; sin embargo, recordó que, en su “instrumento jurídico”, no es una exigencia que dicho cargo sea ocupado por un letrado.
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DESIGNACIÓN DE OLÓRTEGUI SE ADECÚA AL MANDATO DE LA LEY
En ese sentido, Gutiérrez aseguró que la designación de Olórtegui “se adecúa al mandato de la ley”, al sostener que los requisitos no implicaban necesariamente que la funcionaria debía de ser abogada de profesión.
“La Fiscalía no ha tenido la debido diligencia para poder revisar adecuadamente las pruebas de descargo, que son en las que se sustenta por qué no es una designación irregular y, todo lo contrario, por qué sí se adecua al mandato de la ley”, acotó.
Cuestionó, a su vez, que el Ministerio Público no haya admitido sus descargos, lo que hubiera justificado la contratación de la aún militante de APP en la Defensoría.
“En nuestro instrumento jurídico no se exige que sea un abogado el que sea jefe de la Oficina Defensorial, pero uno de los argumentos del Ministerio Público es que la señora Carmen Olórtegui no es abogada, es psicóloga”, criticó.
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