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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se encuentra nuevamente el el ojo de la tormenta. Esta mañana se conoció que presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional varios artículos del Decreto Legislativo N°1373, que establece el procedimiento de Extinción de Dominio; es decir, para que el Estado pueda quedarse con los bienes adquiridos con dinero de origen ilícito vinculados a corrupción y otros crímenes.
En un oficio enviado al presidente del TC, Francisco Morales Saravia, Gutiérrez dijo que se busca anular la aplicación de seis artículos y numerales de la ley de Extinción de Dominio debido que, a su juicio, vulneran el derecho de propiedad y los principios de presunción de inocencia y de seguridad jurídica, entre otros.
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La demanda advierte que hay partes de dicho decreto que requieren precisiones sobre nulidad y autonomía de actos sobre bienes ilícitos, así como en sus alusiones sobre el dominio de los bienes, la aplicación en el tiempo y la carga de la prueba.
“El presente Decreto Legislativo contiene disposiciones que claramente contravienen el principio de presunción de inocencia, razón por la cual, la revisión de la inconstitucionalidad de este instrumento jurídico exige, además de los artículos previamente revisados, una importante consideración sobre la vulneración a este precepto”, se lee en el texto.
Además, sostiene que la extinción de dominio afecta a terceros que no han delinquido, debido a que los investigados y sentenciados por corrupción no pueden heredar o transferir sus bienes en favor de sus hijos.
“La razón de ser de la extinción de dominio es evitar que aquellos que resulten responsables de la comisión de delitos puedan beneficiarse de los bienes que adquirieron; sin embargo, bajo el parámetro del artículo 70 de la Constitución, no se le puede privar de la propiedad sin que primero su responsabilidad se haya determinado por la autoridad judicial. La medida menos gravosa sería una medida como el decomiso”, se lee en la demanda.
En el recurso también han sido incluidos como demandados la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén, el procurador público de la PCM, Carlos Cosavalente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y los dos procuradores públicos de sus respectivos ministerios.
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¿Qué habría detrás de la presentación de esta demanda?
Lo llamativo de la presentación de este recurso por parte del defensor del Pueblo es que coincide con la presentación de una demanda de extinción de dominio de dos cuentas bancarias que están a nombre del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por más de S/ 1′400,000.
Según informó el portal de investigación Epicentro TV, la Fiscalía ya presentó la demanda de extinción de dominio ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Lima, que deberá analizar el recurso y tomar una decisión al respecto.
En su pedido, la Fiscalía considera que se cumplen los requisitos establecidos en el DL1373, “Ley de Extinción de Dominio”, para acceder a dos cuentas bancarias de Cerrón que ya están en calidad de incautadas desde el 2022 y que tendrían origen ilícito a raíz de actos de corrupción cuando este ejerció como gobernador regional de Junín.
“El Ministerio Público reseña cómo el patrimonio declarado por Cerrón en 2010 se incrementó 10 veces durante su gestión en la presidencia regional de Junín y que los fondos que tiene en los bancos no tienen justificación en sus ahorros o su trabajo como ha explicado su defensa. El principio básico de los procesos de extinción de dominio es que los procesados tienen la obligación de demostrar el origen lícito de sus bienes, o de lo contrario se presumen ilícitos”, indicó Epicentro TV, que tuvo acceso al documento fiscal.
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