El Congreso de la República aprobó el jueves por unanimidad declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) por un plazo de 180 días, una medida que busca responder a la creciente inseguridad ciudadana y fortalecer la capacidad operativa de la institución. ¿Qué implica?
¿Qué significa declarar en emergencia a la PNP?
“En primer lugar reconocer el abandono y descuido de los gobiernos a la atención oportuna de las necesidades y requerimientos de la Policía Nacional del Perú para la adecuada prestación de sus servicios al pueblo peruano”, dijo a Gestión el exministro del Interior, general PNP (R) Cluber Aliaga.
En segundo lugar, agregó, representa una ventana de tiempo, para que las Policía Nacional, el Ministerio del Interior y los Gobiernos Regionales y Locales, hagan sus mejores esfuerzos en procurar atender las demandas urgentes y necesarias que tiene la Policía Nacional a nivel nacional.
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En términos prácticos, declarar en emergencia a la PNP le otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para tomar decisiones rápidas en materia de adquisiciones y reorganización interna.
“La declaratoria de emergencia es una oportunidad para que la policía pueda acelerar algunos procesos, tanto en mejora como equipamientos y personal. Ojalá no se desperdicie esta oportunidad”, comentó Mariano Gonzáles, exministro del Interior en entrevista con este medio.
Por ejemplo, durante este período, el Ministerio del Interior -en coordinación con los gobiernos regionales y locales y la PNP- podrá realizar contrataciones directas para adquirir bienes y servicios destinados a la lucha contra el crimen, sin necesidad de pasar por los procesos ordinarios de licitación pública.
No es lo mismo que declarar en emergencia una región o sector; en este caso, el enfoque es directamente sobre la PNP, como organización.
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Estas contrataciones, sin embargo, estarán sujetas a un control concurrente por parte de la Contraloría General de la República, lo que significa que el uso de los recursos será supervisado en tiempo real, con el objetivo de evitar actos de corrupción o malversación.
“Debemos tener presente que la Policía Nacional es una institución que nos pertenece a todos los peruanos y que tenemos la obligación de mejorarla todos, los que prestan servicios dentro de ella y nosotros los pobladores, entendiendo que esta institución tiene que ser tan fuerte como sea necesaria como para vencer a todas las fuerzas de la delincuencia que actúan en todo el territorio nacional en sus diversas modalidades", expresó.
“Estamos hablando principalmente de equipamiento, infraestructura y entrenamiento que el personal necesita para optimizar sus servicios policiales, que hoy en día tienen como prioridad reducir a cero toda la delincuencia dedicada al cobro de cupos y extorsiones”, añadió Aliaga.
Mientras que, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la institución, menciona que la PNP necesita una reestructuración, “pero que lo haga la misma Policía, no el sector político".
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Puntos clave
- Reconocimiento de una crisis interna: Implica admitir públicamente que la PNP atraviesa una situación grave que afecta su operatividad, estructura o imagen institucional, como puede ser corrupción interna, desorganización, falta de recursos, deficiencias en inteligencia, entre otros.
- Medidas urgentes y excepcionales: El Poder Ejecutivo, mediante el Mininter, podrá reestructurar la institución con mayor rapidez, saltándose ciertos trámites administrativos o procesos ordinarios; siempre sometidos a un control concurrente de la Contraloría en tiempo real.
- Plan de reestructuración: El Ministerio del Interior tendrá un plazo de 90 días para presentar al Congreso un plan de reestructuración institucional de la PNP, que deberá incluir propuestas para modernizar, profesionalizar y hacer más eficiente el trabajo policial.
- Cambio o remoción de altos mandos: Durante este período podrían haber cambios en la dirección policial o incluso en la comandancia general.
- Asignación de recursos extraordinarios: Facilita la asignación rápida de presupuesto para equipamiento, tecnología, inteligencia o capacitación.
También puede implicar un refuerzo del control político con mayor injerencia del Ejecutivo en decisiones estratégicas o disciplinarias dentro de la PNP. Además, en algunos casos se pueden convocar comisiones especiales de reforma.
“La declaratoria de emergencia es positiva, sí y solo sí se cuida de manera muy especial el aspecto de transparencia, porque es vital y urgente equipar a la Policía, pero se requiere transparencia”, añadió Gonzáles.
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En otro extremo de la propuesta, se dispone que el Mininter, en coordinación con la PNP, realice una evaluación del estado situacional del sector interior y, en un plazo de 90 días hábiles, deberá emitir una propuesta de reestructuración del ministerio y de la institución policial al Congreso.
“En conclusión, se busca brindar mayores herramientas a la institución policial para acelerar los procedimientos de contratación de bienes y servicios necesarios y así afrontar la ola de criminalidad que vivimos”, sostuvo la congresista Adriana Tudela.
En ese sentido, Eduardo Pérez Rocha explicó que más allá de una declaratoria de emergencia, se tiene que tomar atención en renovar los armamentos para la Policía Nacional.
“Sabemos que desde hace 40 años no se adquieren armamentos de puño para uso policial, no se ha comprado municiones y menos fusiles. El personal no tiene ni capacitación en el aspecto de uso de armas de fuego. No tenemos un solo hidrante, es decir, el famoso rochabus. No tenemos vehículos de transporte para el personal de servicios especiales, ni para control de disturbios, ahí es donde debemos apuntar", dijo a Gestión.
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Más propuestas
Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que la delincuencia está destruyendo la productividad del país y propone medidas concretas para proteger al sector transporte del crimen organizado.
Durante la Mesa Técnica sobre Seguridad Ciudadana, convocada por el Congreso de la República, Roberto De La Tore Aguayo, presidente de la CCL, planteó fiscalías especializadas, refuerzo policial en puntos críticos y videovigilancia integrada entre el Estado y el sector privado para frenar la ola de extorsiones y asesinatos contra los transportistas.
- Implementar fiscalías especializadas en delitos contra el sector transporte, como ocurre en países como México, Colombia y Argentina.
- Refuerzo policial en estaciones y rutas de alta incidencia delictiva (Metropolitano, corredores complementarios y terminales).
- Fortalecer la inteligencia y vigilancia en corredores logísticos clave (Puerto del Callao, Carretera Central, rutas norte y sur).
- Mejorar e interconectar los sistemas de videovigilancia, con acceso en tiempo real para las fuerzas del orden.
- Operativos conjuntos entre la PNP, ATU y municipios para recuperar espacios públicos y combatir la criminalidad.
