Daniel Soria fue designado como procurador general el 3 de febrero de 2020. (Foto: GEC)
Daniel Soria fue designado como procurador general el 3 de febrero de 2020. (Foto: GEC)

El procurador general, Daniel Soria, solicitó hoy a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ser notificado en caso decida abrir investigación contra el presidente Martín Vizcarra, por las presuntas acciones de “connotación penal” que habría cometido en los audios difundidos.

Esta es la primera vez que el jefe de todos los procuradores se pronuncia sobre el escándalo de los audios revelados que darían cuenta de acciones de la exsecretaria de Palacio, Mirian Morales; la exasistenta de Palacio, Karem Roca; y del propio Vizcarra para no involucrarse en el caso Richard Swing.

“Si en caso su despacho decidiera ordenar el inicio de investigaciones preliminares, previas al procedimiento de una eventual acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución; a efectos de ejercer debidamente la defensa de los intereses del Estado y disponer las acciones que correspondan en el ámbito de mis atribuciones, me permito solicitar, se sirva notificar al suscrito de la disposición correspondiente, en aras de adoptar las medidas necesarias para evitar que el Estado quede en indefensión”, se lee en el oficio enviado por Soria y al que accedió Gestión.

Asimismo, el procurador general informó a Ávalos que su despacho viene “activando los procedimientos correspondientes con el objeto de cautelar los intereses del Estado”.

Da cuenta que como funcionario de mayor nivel jerárquico en defensa del Estado, tiene entre sus atribuciones, la potestad de evaluar y formular denuncia penal contra altos funcionarios, en caso corresponda.

Para ello se debe analizar de forma técnica, objetiva y en razón a criterios jurídicos convincentes, las acciones a realizar en cumplimiento de sus funciones”, agrega Soria en el oficio.

Vizcarra complicado

La situación legal del presidente Martín Vizcarra cada vez se complica más por el caso Richard Swing.

Durante el debate del pedido de vacancia en el Congreso, el pasado viernes, reveló que la fiscal anticorrupción Janny Sánchez tiene la tesis de que el presidente Martín Vizcarra habría “coordinado” la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

Con el transcurso de las investigaciones, la fiscal advierte que Cisneros se habría valido de la confianza y amistad de Vizcarra para éste “al parecer lo recomiende” a otros funcionarios como la exministra de Cultura Patricia Balbuena para que lo contrate por servicios innecesarios entre los años 2018 y 2020.

Esta vez, otra fiscal cuestiona el rol del mandatario en este caso por supuestas irregularidades.

El informe Revilla

Gestión accedió a la resolución de la fiscal suprema Bersabeth Revilla en la que decidió abrir una investigación preliminar contra Oscar Vásquez, asesor en Comunicaciones del presidente Martín Vizcarra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Según un audio, Karem Roca cuenta que Vásquez habría realizado algún tipo de coordinación directa o indirecta con el fiscal Marcos Villalta para que lo ayude a “voltear todo” y se archive la pesquisa del caso Swing. Vásquez niega tal imputación.

No obstante, Revilla también apunta a presuntos actos delictivos de Vizcarra en los audios difundidos.

Según la magistrada, Vásquez, por encargo del jefe de Estado, habría contratado al abogado Daniel Jo Villalobos, para que su estudio jurídico brinde asesoría a Richard Cisneros y a Roca.

Los cuestionamientos

Revilla sustenta su tesis en que una grabación donde Vizcarra admite y hasta increpa a Roca, que está financiando la asesoría legal de ésta, junto con Óscar Vásquez.

“Roca le hace presente a Martín Vizcarra que Óscar Vásquez ha contactado a un fiscal corrupto y ello no implica ninguna reacción de parte de Vizcarra. Éste sigue hablando como si hacerle presente que la persona que él admite es su cofinanciador de la asesoría de su interlocutora haya hecho tratativas corruptas fuese parte de lo previsto y de lo normal”, anotó.

Bajo esa premisa, Revilla señaló que el mandatario tuvo conocimiento de un hecho ilícito, pero no formuló la denuncia respectiva, pese a que debió hacerlo.

Por esa razón, elevó su informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que realice un pronunciamiento sobre la situación de Vizcarra.

Revilla hace hincapié en que el jefe de Estado sí puede ser indagado mientras dure su mandato, pero no acusado.

La fiscal Janny Sánchez también derivó su informe en el que halló acciones con “connotación penal” del presidente a Ávalos.

Ahora la Fiscalía de la Nación tiene en su poder dos documentos que implicarían al mandatario en supuestos delitos. Vizcarra queda en manos de Zoraida Aválos.