Al respecto, el Vicepresidente Corporativo de la compañía, Dennis Fernández, informó que, con esta resolución, los términos del acuerdo suscritos con estas instituciones entran en vigor.
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“Este acuerdo supone que Aenza asume la responsabilidad de pagar al Estado aproximadamente S/ 480 millones como reparación civil, monto que ha sido debidamente provisionados en los estados financieros al cierre del ejercicio 2022″, indicó.
El ejecutivo recordó que, tras la oficialización de este acuerdo, se establece una limitación exclusiva para que sus subsidiarias Cumbra Perú y UNNA Transporte no puedan contratar con el Estado en los rubros de construcción de infraestructura y conservación y mantenimiento vial, por un período de 2 años.
“Estas subsidiarias seguirán desarrollando sus estrategias de crecimiento, enfocadas en fortalecer sus posiciones en el mercado. Esta prohibición no afecta la ejecución de los contratos vigentes”, remarcó.
Cabe recordar que el consentimiento de la sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración eficaz concluye definitivamente el proceso iniciado por la constructora en enero de 2019, marcando un hito en la consolidación de una gestión responsable y permitiendo que Aenza se enfoque en la ejecución de su estrategia de crecimiento regional.
De esta manera, según refiere Fernández, la organización cierra dos de los mayores desafíos que tenían durante el 2023.
Uno a nivel financiero, con la renovación del crédito puente y el aumento de capital, y otro a nivel legal, con el término del proceso de colaboración eficaz.
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Sobre el acuerdo de colaboración
El pasado 21 de agosto, el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz en el que Aenza reconoce que cometió delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran la Vía Expresa Sur de Lima, Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3.
Asimismo, Aenza tiene la obligación de brindar información y pruebas relevantes a la justicia sobre las obras que forman parte del convenio y son reconocidas como ilícitas.
Por tal motivo, la empresa deberá desembolsar una reparación civil de casi S/ 480 millones por los 16 proyectos en mención, según señaló la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión.
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