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En el año 2018 la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato informó que, tras la firma del acuerdo de colaboración eficaz, Odebrecht está obligada a pagar S/ 610 millones de reparación civil más intereses legales por el caso Lava Jato.
A partir de dicho suceso, distintas constructoras peruanas intentaron seguir el mismo camino. Sin embargo, públicamente solo se conoce que Graña y Montero y Cosapi son las que se acogieron a la colaboración eficaz.
Los acuerdos aún no son firmados ni homologados por el Poder Judicial, de acuerdo a nuestras fuentes.
¿Cuáles son las pretensiones para el pago de la reparación civil en el caso de empresas nacionales? Gestión accedió a una auditoría que realizó EY a Cosapi S.A. y subsidiarias en abril de este año.
De acuerdo al informe, Cosapi plantea pagar una reparación civil de S/ 55′577,000 por los presuntos ilícitos en el caso Club de la Construcción.
La auditoría también revela que la constructora –a sugerencia de sus abogados- ya pagó una primera cuota de S/ 1′897,000 y queda un saldo por pagar de S/ 53′680,000 a 31 de diciembre del 2019.
En otra página del informe se detalla que desde el 26 de diciembre del 2017, la Fiscalía investiga a exfuncionarios y empresarios del sector construcción, bajo la hipótesis de haber participado en un esquema de pago de sobornos para acceder a un conjunto de obras, entre el 2011 y el 2014.
Cosapi admitió que entre dichos exfuncionarios se encontraba un exempleado de la empresa que se retiró en febrero del 2015.
En ese sentido, Cosapi señaló que desde enero del 2018 se acogieron a la colaboración eficaz y a un programa de clemencia ante la Comisión de Libre Competencia de Indecopi. En ambos casos, lo hicieron de manera corporativa como persona natural.
Por esa razón, el 15 de octubre del año pasado, el Ministerio Público se desistió de incorporar a Cosapi como persona jurídica a la investigación. El fiscal Germán Juárez indaga a 16 empresas (Gestión 04.12.2019).
No obstante, Cosapi sí está incluida como tercero civilmente responsable en la carpeta fiscal.
Gestión se comunicó con la constructora para esta nota. “En respeto con el debido proceso en curso, Cosapi no puede hacer declaraciones ni emitir opinión acerca de temas materia de investigación”, indicaron .
EN CORTO
- Alcances. Si bien Cosapi se encuentra sometida al proceso de colaboración eficaz, la empresa no se encuentra dentro de las listas que considera la Ley 30737. “El grupo diseñó un programa de cumplimiento que se encuentra en implementación”, señala la constructora peruana en la auditoría de EY.