En segunda instancia, la Corte Suprema desestimó un nuevo recurso presentado por la defensa legal de Pedro Castillo, que buscaba anular los 36 meses de prisión preventiva impuestos por el proceso en su contra relacionado con el golpe de Estado del 2022.
La sala penal, encabezada por el juez supremo César San Martín, rechazó la apelación presentada en noviembre de 2024 contra la resolución de primera instancia que denegó la solicitud de revisión de oficio de la prisión preventiva impuesta a Pedro Castillo.
Pedro Castillo enfrenta una solicitud de condena de 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración de la tranquilidad pública.
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Es importante señalar que este caso difiere del reciente requerimiento presentado por la defensa de Castillo Terrones, que busca sustituir su prisión preventiva por vigilancia electrónica, permitiéndole salir del penal de Barbadillo.
En este contexto, la defensa legal del expresidente insistió en que la detención de Pedro Castillo carece de fundamentos sólidos, argumentando la incorporación de nuevos elementos que reducirían la gravedad de las pruebas presentadas. Además, sostuvieron que no buscó solicitar asilo en la Embajada de México.
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La sala suprema desestimó estos planteamientos al considerar que las declaraciones a medios, así como fotografías y videos, no constituyen nuevos elementos probatorios, ya que se trata de “opiniones y no hechos” que no reducen la sospecha grave.
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