Recientemente el CEPJ aprobó medidas urgentes para que los jueces evalúen la prisión preventiva de los internos a su cargo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)
Recientemente el CEPJ aprobó medidas urgentes para que los jueces evalúen la prisión preventiva de los internos a su cargo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

El Poder Judicial remitió al Congreso de la República, con carácter de urgente, dos proyectos de ley referidos a la revisión excepcional de la prisión preventiva y la remisión condicional de la pena, con el fin de reducir el riesgo de contagio en los penales por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

A través de su cuenta de Twitter, dicho poder del Estado informó que una copia de ambas iniciativas fue enviada a la Presidencia de la República.

En el caso de la remisión de la pena, la propuesta favorecería a madres gestantes y/o con hijos menores de tres años, mayores de 65 años y aquellos que padecen enfermedad incurable, en estado terminal o crónica, pero vulnerable al Covid-19.

El Poder Judicial pidió al Congreso debatir con urgencia ambos proyectos. (Foto: Difusión)
El Poder Judicial pidió al Congreso debatir con urgencia ambos proyectos. (Foto: Difusión)

Para la revisión excepcional de la prisión preventiva, esta alcanzaría a los presos que cumplieron la mitad del plazo y no tienen antecedentes penales, a quienes les haya sido impuesta la prolongación, mujeres gestantes y mayores de 65 años.

Cabe indicar que no están incluidos en ambas iniciativas los procesados por delitos de terrorismo, corrupción, lavado de activos, tráfico de drogas, violación sexual, homicidio agravado, entre otros.

Con esta medida se busca resolver el problema del riesgo y contagio masivo de la población penitenciaria al coronavirus, dadas las condiciones de hacinamiento de los penales y la vulnerabilidad de muchos de los internos.

Recientemente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó una Directiva de Medidas Urgentes para que los jueces evalúen de oficio la prisión preventiva de los internos a su cargo, como una medida para reducir el riesgo de contagio en los penales por la pandemia del coronavirus.

La directiva estable los criterios para ver si corresponde reforma o cesar las prisiones preventivas y las pautas que deberán tener en cuenta los jueces de todo el país al momento de emitir su decisión, aunque no tiene carácter vinculante.