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La Contraloría General de la República tendrá acceso al secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servidores públicos involucrados en presuntas irregularidades vinculadas a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en el uso o gestión de los bienes y fondos públicos.
Esta prerrogativa, vigente desde el 20 de abril, quedó establecida tras la aprobación de la Directiva N° 007-2024-CG/FIS que regula el requerimiento de esta información ante las entidades bancarias y los órganos de la Administración Tributaria.
Así, el contralor podrá solicitar esta información confidencial, debidamente sustentada, de funcionarios que administren o manejen fondos del Estado en los tres niveles de gobierno y el pedido deberá atenderse en un plazo máximo de 10 días hábiles.
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Se debe garantizar la confidencialidad
La Contraloría garantizó que con la aplicación de esta medida no se desprotegerá la información sensible, ya que las personas y autoridades con acceso al reporte confidencial están obligadas a guardar reserva y no pueden cederla ni comunicarla a terceros, ni tampoco pueden utilizarla para fines distintos al solicitado.
En ese sentido, la entidad anunció la próxima implementación de un aplicativo informático para la solicitud y recepción de los datos sensibles a fin de garantizar su protección y carácter confidencial. Cuando esta plataforma se encuentre activa, las entidades financieras deberán acreditar a un Oficial de Cumplimiento al cual se le asignará un usuario y contraseña para acceder al sistema. Además, estableció responsabilidades administrativas y penales para aquellos que incumplan esta disposición.
En tanto, mientras no se habilite esta plataforma, los requerimientos serán canalizados a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) o directamente con las autoridades de los órganos de administración tributaria competentes.
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