El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que su institución realizará un gran megaoperativo de control a las consultorías en el Estado, tras la denuncia realizada por el ministro de Educación, Óscar Becerra.
En diálogo con la prensa, Shack recordó que anualmente se gastan más de S/ 3 mil millones en el Estado por este tema, sobre todo, en el Ejecutivo, por lo que dijo que es necesario supervisar todos estos contratos.
“Vamos a mirar qué es lo que está pasando con el desarrollo de esas consultorías y si las que se contrataron realmente son necesarias. Verificaremos si los entregables, que muchas veces son un par de hojas, realmente valen los miles de soles por los que se pagaron”, añadió.
El contralor también anunció que su institución también entrará de lleno en el tema de los perfiles de los funcionarios que trabajan en el Estado. En ese sentido, dijo que realizarán otro megaoperativo a nivel nacional en coordinación con SERVIR.
“Vamos a revisar la adecuada designación de los miles de funcionarios públicos que ahora están siendo designados en puestos de confianza por las nuevas autoridades regionales y locales”, acotó.
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Acciones de control en el Congreso
Al respecto, Shack recordó que la Contraloría tiene todo el acceso necesario a la información del Parlamento en lo que se refiere al manejo de sus gastos.
“Como esta denuncia de la (compra de) las pantallas, alfombras, buffet, estacionamientos y otros tienen que ver con los gastos, no tenemos ninguna limitación. Ya hemos pedido la información y estamos seguros que, tal como me lo hizo saber el propio presidente del Congreso, nos darán todas las facilidades para entregarnos la información y poder hacer nuestro trabajo”, aseveró.
En ese sentido, estimó que en menos de un mes se deberían tener algunos resultados de las acciones de control que se realizarán en el Parlamento.
Respecto al alquiler de cocheras para los trabajadores del Congreso, el contralor consideró que “no está mal” que se alquile una cochera para los empleadores de una entidad; sin embargo, precisó que debe existir una adecuada reglamentación y criterios de priorización respecto a cómo y quiénes harán uso de ese servicio.
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