Si bien el Congreso reanuda oficialmente sus labores en marzo, algunas comisiones especiales vienen sesionando para avanzar con algunos casos pendientes.
Tal es el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que arrastra desde periodos anteriores una carga de trabajo importante, aunque con el pasar de los meses ha venido resolviendo diversas denuncias.
En diálogo con Gestión, la presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones, recordó que cuando asumió el cargo, en 2022, recibió 310 denuncias y el año pasado la cifra aumentó en 437; sin embargo, precisó que, tras un esfuerzo de los técnicos y de los mismos miembros de la subcomisión, actualmente hay 227 expedientes por resolver.
LEA TAMBIÉN: Resumen judicial del 2023: las investigaciones, detenciones y excarcelaciones
“De ese grupo de denuncias (227), un total de 164 están con procedimiento iniciado y 63 aún no se han dado cuenta; o sea, que no se han visto en absoluto”, acotó.
De las 164 denuncias con procedimiento iniciado, 6 casos ya cuentan con informe final, 51 están para dar cuenta y con informes de calificación, un caso con informe final está a punto de ser sustentado y 15 están para ser asignados a un legislador.
“Muchos de los casos están culminados y ya se encuentran en la Comisión Permanente. En esa instancia tenemos 16 informes finales, que representan 45 casos. Por ejemplo, tenemos el caso de un informe final que tiene acumulado más de 20 denuncias contra un mismo ministro (del Interior)”, apuntó.
La legisladora de Alianza para el Progreso (APP) agregó que se encuentra a la espera de que la Comisión Permanente ponga en agenda estos 16 informes finales para poder reducir la carga de denuncias pendientes por resolver. “También tenemos 13 casos en dicha instancia, que son informes de calificación improcedentes”, dijo.
LEA TAMBIÉN: Muertes en las protestas: denuncian que Fiscalía no citó a declarar a 27 familiares de las víctimas
Las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte
Respecto a los casos emblemáticos, figuran las denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte a raíz de las muertes registradas en las protestas en contra de su gobierno.
En agenda de la subcomisión hay 10 denuncias presentadas en su contra por algunos congresistas, ciudadanos y por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
“De esas 10 denuncias, tenemos 3 con informe de calificación y están pendientes de que se den cuenta en la subcomisión para poder sustentarlos y votarlos”, sostuvo Camones.
Esto, a pesar de que a fines de octubre pasado el Ministerio Público dispuso ampliar hasta por ocho meses la investigación preliminar. Es decir, pese a que sólo ha transcurrido un mes Benavides decidió cerrar la pesquisa contra la jefa de Estado y formular la denuncia constitucional en su contra.
Un día después, Camones dio cuenta de esta denuncia ante la subcomisión; sin embargo, aún está pendiente de que el grupo de trabajo emita un informe de calificación y la procese.
Al respecto, Camones indicó a este diario que este caso ya ha sido encargado a un abogado del equipo técnico de la subcomisión, quien deberá elaborar el informe de calificación para poder sustentarlo pronto.
“Creo que el informe (de calificación) debe estar listo entre la próxima semana y la última semana de enero. Creo que antes que acabe el mes (enero) se debe estar votando ese informe, porque ya se está avanzando. Hay que tener en cuenta que es una denuncia con muchas pruebas por revisar, es un expediente bastante voluminoso y que requiere de atención y tiempo”, sostuvo.
LEA TAMBIÉN: Abogado de Dina Boluarte solicita archivar investigación en su contra por el delito de genocidio
Explicó que en caso el informe de calificación sea declarado procedente en la subcomisión, el documento será elevado a la Comisión Permanente, que deberá otorgar un plazo de 15 días al grupo de trabajo para realizar la investigación; no obstante, añadió que dicho plazo podría ser extendido debido a la carga de trabajo que tienen en este momento.
“Cada caso que investigamos tiene que ser asignado a un congresista delegado y todos los miembros de la subcomisión ya tienen expedientes delegados. Entonces, nosotros no podemos darle, 2,3,4 o 5 expedientes a cada uno de ellos porque debemos entender que los miembros de la subcomisión no tienen dedicación exclusiva al grupo de trabajo, pertenecen a otras comisiones. Por eso es que se advierte una suerte de cuello de botella porque tenemos muchos expedientes, incluso, con informes de calificación que no podemos delegar por este motivo”, manifestó.
Posible acusación contra la presidenta tendrá que esperar hasta el 2026
En caso la subcomisión apruebe el informe de calificación y la Comisión Permanente, posteriormente, le otorgue 15 días de plazo para realizar la investigación, la pregunta salta a la vista: ¿hasta dónde podría llegar esta pesquisa, teniendo en cuenta la inmunidad que tiene Boluarte en su calidad de jefa de Estado?.
Precisamente, el artículo 117 de la Constitución establece que, durante su mandato, un presidente solo puede ser acusado por estos motivos: traición a la patria, impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso sin dos denegatorias previas de la cuestión de confianza y por impedir la reunión o funcionamiento del Parlamento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otros organismos electorales.
Pese a esto, en mayo del 2022 el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió incluir al expresidente Pedro Castillo, en funciones en ese momento, en la investigación del caso Puente Tarata III.
Con la venia de la Corte Suprema, posteriormente se interpretó que, si bien la Constitución no contempla que puede formular una acusación al presidente en funciones por corrupción u organización criminal, eso no impedía investigarlo de forma preliminar.
Dos meses después, Benavides, quien reemplazó a Sánchez en el cargo, no solo continuó con la pesquisa iniciada contra Castillo, sino que también ordenó investigarlo por otros dos casos: Ministerio de Vivienda y Petroperú.
En octubre del 2022, el Ministerio Público dio por cerrada esas tres pesquisas y se presentó una denuncia constitucional en contra de Castillo por estos hechos. Si bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite dichas denuncias, no pudo continuar con el proceso debido a que en diciembre de ese año el exmandatario impulsó un fallido Golpe de Estado y ordenó cerrar el Parlamento.
LEA TAMBIÉN: Perú Libre pide la inhabilitación de Boluarte y Otárola por un plazo de 10 años
Respecto a este tema, Camones adelantó que se respetará el artículo 117 de la Carta Magna en el sentido de que no se puede acusar a un presidente en funciones, en alusión al caso de Boluarte; sin embargo, remarcó que eso no impide que la subcomisión pueda realizar la investigación respectiva.
“La Constitución establece, en su artículo 117, que ningún presidente en ejercicio puede ser acusado, pero no indica que no puede ser investigado. La función específica de la subcomisión es investigar. Si la denuncia contra Boluarte se declara procedente, se va a realizar todo el procedimiento de investigación que va a culminar con un informe final que recomienda acusar y será derivado a la Comisión Permanente”, acotó.
En ese sentido, recalcó que la Comisión Permanente deberá esperar hasta el 2026, fecha en la que culmina el mandato de Boluarte, para debatir el informe final y, eventualmente, acusarla por estos hechos.
“La Comisión Permanente no podría debatir ahorita el informe final porque no tendría sentido avanzar con esto (...) lamentablemente la Permanente tendría la limitante de tener a un presidente en ejercicio, a quien no se le puede acusar, porque la constitución así lo señala”, sostuvo.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
