La semana pasada el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a otros seis ministros de Estado, se presentaron ante la comisión de Constitución a fin de sustentar el proyecto de ley del Gobierno que solicita facultades, por 120 días, para legislar en materia de seguridad ciudadana, políticas para combatir el fenómeno El Niño Global, entre otros temas.
Hoy el grupo de trabajo que dirige Martha Moyano convocó a una serie de especialistas y expertos tanto en materia constitucional/penal como de seguridad ciudadana para que brinden sus opiniones respecto a la propuesta del Ejecutivo. Estas fueron sus respuestas.
Aníbal Quiroga
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que el pedido de delegación de facultades del Gobierno es constitucional y que debería ser abordada con suma prioridad; sin embargo, sugirió que podrían hacerse una serie de precisiones para que no quede muy abierta.
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“Estas facultades legislativas están dentro de lo que dice la Constitución, aunque quizá podrían precisarse mejor para no tener un texto abierto sobre las facultades que se delegan. Ya en el pasado el Tribunal Constitucional ha exigido que la materia delegada tenga una especificidad para evitar que, vía interpretación, esas facultades delegadas sean ampliadas. Ahí hay una primera tarea del Congreso en ser muy especifico en lo que delegan, porque sobre esa materia es que está la autorización constitucional para que el Ejecutivo pueda legislar”, acotó.
Respecto al tema de la seguridad ciudadana, añadió que lo que se necesita es un marco constitucional adecuado con pleno derecho a los respetos fundamentales y al debido proceso. “Se requiere de leyes especificas que sean eficientes”, dijo.
Quiroga respaldó la propuesta del Gobierno para que la Policía pueda recuperar su capacidad de investigación, que actualmente está a cargo de la Fiscalía.
“Lo que señala las experiencias es que el Ministerio Público no es eficiente en la investigación primaria. Es eficiente en la investigación judicial y lleva la responsabilidad de la prueba en el proceso penal, pero en la investigación primaria, que es la que sucede una vez que ocurren los hechos, no han sido muy eficientes y la Policía se queja permanentemente de eso que llaman la puerta giratoria o los niveles de impunidad”, sostuvo.
En ese sentido, se mostró a favor de realizar una reforma al código procesal penal para que la primera investigación (primaria), con conocimiento de la Fiscalía y la autoridad judicial, pueda ser llevado a cabo por la Policía.
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Fernando Rospigliosi
Por su parte, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, consideró que no deben otorgarse facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.
“En primer lugar, porque el problema de la seguridad no es un tema de normas, sino de acción, de decisión de enfrentar el crimen con energía y firmeza. En segundo lugar, porque el Gobierno ha demostrado, hasta ahora, no tener una política para enfrentar la ola delincuencial y creo que pretenden distraer con el viejo y manoseado discurso de que la lucha contra el delito es un tema de leyes y no de acciones”, añadió.
En ese sentido, dijo que debería discutirse punto por punto el pedido de facultades, pero, en ningún caso, “otorgarse poderes para cambiar toda la legislación a un Gobierno que no ha demostrado tener ni ideas ni actitud en esta materia”.
El experto sugirió que, en lugar de otorgar facultades al Gobierno, se le debe pedir explicaciones e información sobre qué está haciendo, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción en la PNP, el equipamiento en la Policía o cómo piensa mejorar la calidad o reclutamiento, cuáles han sido sus acciones para recuperar el control de las cárceles, etc.
“No solo no se deberían delegar facultades para modificar la ley de armas de uso civil vigente, sino que el Congreso debería investigar a los funcionarios de Sucamec y Mininter responsables del posible desvío de armas para fines delictivos”, enfatizó.
Finalmente, coincidió con Quiroga en el sentido de que la potestad de realizar la investigación preliminar debe volver a la Policía.
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Mario Amoretti
El abogado penalista Mario Amoretti recordó que desde el año 2000 a la fecha se han dictado 11 leyes en materia de seguridad ciudadana, pero precisó que no han tenido ningún resultado. En ese sentido se mostró en contra de realizar modificaciones al Código Penal, tal como plantea el Gobierno.
“¿Qué se han conseguido con estas leyes? Absolutamente nada, porque la delincuencia común y la corrupción se ha incrementado. De tal manera que pedir facultades para modificar el Código Penal, que a la fecha tiene cerca de 700 modificaciones, nosotros no podemos admitir que por política o por cualquier escollo se emita este tipo de modificación. Y la verdad ya me cansé de tantas modificaciones”, cuestionó.
El penalista remarcó que hay que ejercitar acciones para combatir la delincuencia en lugar de emitir leyes.
“No hablemos de leyes, por favor. Tenemos que ejercitar justamente acciones”, puntualizó.
Respecto a la propuesta del Ejecutivo que busca la expulsión inmediata de todos los extranjeros que sean atrapados cometiendo un acto delictivo, Amoretti recordó que en el Código Penal existe un artículo que establece que cuando un extranjero comete un hecho delictivo deberá ser expulsado al término de su condena.
“No puede ser que ahora nos vengan a decir que en 72 horas o a los que hayan cometido un delito flagrante se les expulsa, no, tendría que modificarse la ley. Yo siempre sostengo que se quiere legislar para la tribuna, para los medios de comunicación”, criticó.
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José Gil Becerra
El especialista en seguridad integral, José Gil Becerra, indicó que encontró una serie de falencias en el plan de seguridad ciudadana que expusieron los ministros durante la sesión anterior.
“Es un plan lleno de generalidades que frente a la real problemática que estamos viviendo hoy no van a resolver nada en este momento. No hemos visto un diagnóstico que sea un análisis estratégico, porque poner muchos datos en un documento no es un análisis estratégico, es una relación de hechos nada más. Ese no es el punto, tenemos que hacer un análisis estratégico, que permita entender la magnitud del fenómeno que estamos teniendo. La criminalidad en su conjunto está en evolución”, advirtió.
El especialista agregó que no basta con presentar unos cuadros que demuestran que algunos indicadores están bajando, sino que remarcó que estas cifras tienen que verse en un conjunto de temas, “no pueden verse como algo específico”.
“¿Qué es fortalecer la actividad de investigación? O sea, ¿va usted a darme 10,000 policías investigadores más?, ¿va a funcionar 50 grupos de inteligencia más? Esto no es un plan, yo creo que estas falencias y generalidades no ayudan”, enfatizó.
Gil Becerra también recordó que, a la fecha, solamente se han gastado 15% de los S/ 350 millones que tiene el Ministerio del Interior (Mininter) para gastar de su presupuesto, por lo que consideró que esa realidad debe cambiar
“El sector Interior está en el puesto 24 del ranking de instituciones que ejecutan gasto del presupuesto. Entonces, creo yo que hay muchas falencias en el plan, no se está tomando con seriedad. En los últimos años se les ha dado delegación de facultades que no han resuelto el problema, hay que cambiar las cosas, que lo vuelvan a hacer, que llamen a los expertos y que no hagan un equipo oculto de asesores”, apuntó.
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Pedro Yaranga
El especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga, sostuvo que lo primero que deberíamos hacer es fortalecer a la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial y articular el trabajo coordinado en esas tres instituciones para evitar lo que hemos visto en casos anteriores.
“Hay que seguir el ejemplo del Callao; es decir, comprar las vacaciones de los policías para integrarlos al trabajo de la seguridad ciudadana, eso se tiene que hacer a nivel de los gobiernos locales. Hay que contratar bajo la modalidad CAS a los buenos policías que se encuentran en retiro, todos esos policías tranquilamente podrían asumir el trabajo administrativo y a los jóvenes mandarlos a las calles”, apuntó.
Añadió que los policías que hacen servicio en las zonas de frontera deben ser sustituidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
“Me parece bien de que se autorice el uso de los recursos del canon y sobrecanon en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a nivel de los gobiernos regionales y locales. Eso significa que los gobiernos locales y regionales no se van a lavar las manos (...) al interior del país el problema principal está en las carreteras. ¿Cómo solucionarnos eso?, creo que en el camino podemos incorporar a los comités de autodefensa. Ellos podrían ser palanca para que en cada lugar se construyan las infraestructuras para que puedan trabajar”, aseveró.
Respecto a la propuesta del ejecutivo para modificar el Código Penal en lo que se refiere a los delitos de robo, hurto y la penalización del uso de celulares robados o ilegales, Yaranga consideró que lo que hay que castigar es el tema del delito de receptación.
“Si nadie compra, los ladrones no tendrían por qué robar. ¿Por qué roban los celulares y otras cosas?, porque hay alguien que compra esas cosas”, dijo.
El experto advirtió que la ciudad de Huancayo (Junín) se ha convertido en una zona clave para el narcotráfico, ya que es la zona de mayor ingreso de insumos químicos al VRAEM.
“Por esa zona se traslada la droga, así como los insumos químicos, nadie fiscaliza. Me parece que en Huancayo se debería fortalecer el trabajo de la Sunat y la PNP”, enfatizó.
En ese sentido, se mostró en contra de la propuesta del Gobierno que busca delegar la potestad de fiscalización del traslado de los insumos químicos a la Policía.
“Lo que hay que hacer es integrar tanto a la PNP como a la Sunat en el control de los insumos químicos. La Policía tiene especialistas, pero la Sunat tiene logística, ellos pueden hacer mejor el control tecnológico. Integrando ese trabajo podríamos avanzar”, manifestó.
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