
El debate de hoy en la Comisión de Constitución sobre restablecer la inmunidad parlamentaria será clave para definir si este retorno del fuero parlamentario logra el respaldo necesario para avanzar hacia el Pleno.
El texto plantea que senadores y diputados no puedan ser procesados ni detenidos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente.
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El documento aprobado en comisión recomienda la aprobación parcial de ambos proyectos de ley y propone un texto sustitutorio para el artículo 93. La reforma restablecería una figura eliminada en 2020, tras fuertes críticas ciudadanas por el uso abusivo del fuero parlamentario para evitar investigaciones fiscales.
Según el texto propuesto, los parlamentarios "no podrán ser procesados ni presos sin previa autorización de la cámara a la que pertenecen o de la Comisión Permanente", incluso hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Se exceptúan únicamente los casos de delito flagrante, “en los que deberán ser puestos a disposición de su respectiva cámara en un plazo máximo de 24 horas”.

Además, “si no hay pronunciamiento del Congreso en un plazo de 30 días calendarios, el parlamentario deberá ser puesto a disposición de la Corte Suprema", la cual tendrá que resolver si procede o no el levantamiento del fuero y el inicio de proceso judicial, determinando su desafuero si corresponde.
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De aprobarse en el Pleno, la reforma constitucional requeriría ser votada en dos legislaturas ordinarias consecutivas con mayoría calificada (87 votos) o, en su defecto, una aprobación inicial por mayoría calificada seguida de un referéndum.
Desde la eliminación de la inmunidad en 2020, los congresistas quedaron sujetos al sistema judicial ordinario, lo que fue considerado un avance hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, algunos legisladores argumentan que esto los ha vuelto vulnerables a presiones o denuncias sin sustento durante el ejercicio de sus funciones.