En el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la inscripción de defunciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a fin de facilitar con ello su labor de actualización del padrón electoral.
La iniciativa de la legisladora María del Carmen Alva (no agrupada) está referida a aquellas defunciones que no hayan sido registradas en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN) del Reniec hasta 30 días calendario después de haberse emitido el certificado de defunción.
Se señala que, transcurrido dicho plazo, las entidades públicas y privadas que certifican defunciones remitirán de manera obligatoria la información de los certificados de defunción digitales y manuales (en papel) no registrados ante el Reniec para su inscripción correspondiente en el RUIPN, a través de los medios que establezca dicho organismo.
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La propuesta precisa que las entidades públicas y privadas que realicen este procedimiento serán consideradas como declarantes de las defunciones que no hayan sido registradas pasados los 30 días. Además, acordarán el mecanismo de verificación de la información necesaria para su implementación.
“El Reniec podrá notificar a los deudos de las personas fallecidas, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General, hasta un tercer grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, del registro de las defunciones”, se lee en otro de los artículos del proyecto de ley.
En la exposición de motivos se señala que con ello se busca la actualización oportuna del padrón electoral, reduciendo la presencia de personas fallecidas en el mismo y fortaleciendo la transparencia electoral, al evitar alguna posibilidad de fraude por suplantación de dichos ciudadanos, “lo que mejora la transparencia y confiabilidad del sistema electoral”.
La titular del Reniec, Carmen Velarde, informó recientemente que más de 8,000 personas fallecidas todavía figuran en el padrón electoral, por lo que invocó a los ciudadanos a realizar el registro oportuno de dichas defunciones, a fin de depurar el padrón para los próximos comicios.
El proyecto de ley también menciona como otro de sus beneficios la reducción de fraude en pensiones y beneficios sociales, ya que se minimiza el riesgo de que personas inescrupulosas sigan cobrando subsidios de fallecidos, generando un ahorro en los fondos públicos.
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