La congresista María Acuña de Alianza para el Progreso, presentó el proyecto de ley que apunta a convertir el examen psiquiátrico en un requisito para el matrimonio civil.
Dicha iniciativa legislativa busca modificar el artículo N° 248 del Código Civil, bajo el argumento de “mejorar los requisitos para matrimonio civil y así coadyuvar a la consolidación de la familia en la sociedad”.
El PL plantea que el resultado de la evaluación psiquiátrica sea de conocimiento recíproco de los contrayentes, de manera que puedan tomar una decisión “transparente”.
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Así, sumado a la declaración verbal y escrita de los novios, certificado de domicilio, certificado médico y presencia de testigos, se agregaría la evaluación psiquiátrica.
“Asimismo, se debe acompañar el certificado de evaluación psiquiátrica y el documento de aceptación de los dos contrayentes, en el cual cada cónyuge da fe de conocer la evaluación psiquiátrica del otro cónyuge”, dice el documento.
De acuerdo al proyecto de ley, los certificados de la evaluación psiquiátrica de ambos cónyuges, deben ser expedidos con fecha no anterior a 30 días y deben ser puestos en conocimiento de los mismos, con 15 días de anticipación de la fecha del matrimonio.
La congresista Acuña Peralta mostró su preocupación por la “descomposición” que en los últimos años viene experimentado la “familia como núcleo de la sociedad”, debido a la violencia familiar, que al 2021 alcanzó los 20,854 casos denunciados, 55% más respecto al año anterior.
En ese sentido, la parlamentaria concluyó que la familia debe constituirse sobre una base saludable, que también se refiere a la parte mental y que se alcanzaría con ayuda del examen psiquiátrico, “lo que permitiría formar una nueva sociedad con valores más equilibrada y respetuosa”.
Si bien la Ley N° 30947, Ley de Salud Mental señala que la salud mental es voluntaria y ninguna persona puede ser obligada a someterse a un examen médico con el objeto de determinar si padece o no de un problema de salud mental, según la legisladora de APP, su proyecto de ley no afecta ningún derecho.
Así, según la legisladora, “lo que se promueve es la absoluta transparencia de conocimientos e información para los ciudadanos con la finalidad de que puedan tomar conscientemente las mejores decisiones”, concluyó.
