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Esto, a pesar de los cuestionamientos a la norma y pronunciamientos de diversas instituciones, como el Ministerio Público, que anunció que presentará una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para declararla inconstitucional.
Algunas bancadas que se opusieron a dicha propuesta también empezaron a actuar. La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, presentó un proyecto de ley con la finalidad de derogar dicha norma.
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La iniciativa en mención plantea reincorporar la vigencia de los artículos del Código Penal, el Decreto Legislativo 635 y la Ley contra el Crimen Organizado que fueron modificadas por esta norma, impulsada por la bancada Perú Libre y aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente, el pasado 4 de julio.
“Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar la Ley N° 32108. Si las fuerzas políticas y sus líderes, representados en el Congreso, dicen luchar contra la delincuencia y no buscan favorecer a las organizaciones criminales, entonces no podemos cederle ventajas legales. Se debe derogar esta ley nefasta que no beneficia a la población”, indicó Luque en sus redes sociales.
En el proyecto se precisa que esta iniciativa se justificó y aprobó bajo el supuesto de que estaba combatiendo la criminalidad organizada, cuando “en la práctica se está debilitando el sistema de administración de justicia en el extremo de la intervención o allanamiento oportuno a inmuebles de organizaciones criminales”.
“Eso, sin duda, obstaculiza la investigación y pone en riesgo los elementos de prueba a incautarse”, se advierte en la norma.
Además, recuerda que la ley en mención, desde un inicio, fue seriamente cuestionada por la población y hasta por sectores empresariales y gremios, como Comex Perú.
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También respaldaron las críticas que formuló el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, y Proética, quien en un comunicado alertó que la ley favorecía a las organizaciones criminales y que tendría un impacto negativo en la lucha contra la criminalidad.
“De modo tal que la ley aprobada en la práctica se convirtió en una ley de impunidad para el crimen organizado, la misma que obstaculiza el correcto desenvolvimiento de la Policía y el Ministerio Público en caso de allanamientos; iniciativa que tuvo desde sus principios un objetivo político, el cual es favorecer directamente a algunos partidos políticos procesados por organización criminal”, se añade en la propuesta.
Consecuencias de la norma
Tras la promulgación de la ley que modifica la definición del crimen organizado, diversos investigados por pertenencia a una organización criminal han pedido al Poder Judicial aplicar dicha norma en sus casos respectivos para salir beneficiados.
Tal es el caso de los legisladores José Luna Gálvez y Waldemar Cerrón, quienes vienen siendo investigados en el Ministerio Público por pertenecer a una presunta organización criminal. Ambos legisladores, junto al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pidieron al Poder Judicial que se les archive las pesquisas que afrontan por este delito.
Lo mismo ocurre con los investigados en el caso ‘Waykis en la sombra’, quienes afrontan una orden de 36 meses de prisión preventiva. El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho deberá resolver si aplica el control difuso en este caso y ordena a la Fiscalía replantear sus imputaciones en contra de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otras cuatro personas.
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