El Consejo Directivo del Congreso reprogramó para el miércoles 1 de octubre el debate y votación de tres informes finales de denuncias constitucionales presentadas contra dos exministros de Estado y un juez supremo de la Corte Suprema de Justicia.
En primer término, a las 15:00 horas, se analizará el informe final de la Denuncia Constitucional 355, interpuesta por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra Betssy Chávez Chino, en su condición de excongresista de la república y exministra de Estado.
Se concluye acusar a Chávez Chino, en su condición de excongresista de la república, exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura, por la presunta comisión del delito negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Además, solicita al Pleno del Congreso de la República que proceda al levantamiento del antejuicio político.
También plantea acusarla por la presunta comisión del delito tráfico de influencias agravado y solicita al Pleno del Congreso de la República que proceda al levantamiento del antejuicio político.
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Ex presidente del JNE
A las 17:00 horas, se debatirá y votará la denuncia constitucional 469, interpuesta por el exfiscal de la nación, Juan Carlos Villena Campana, contra Jorge Luis Salas Arenas, en su condición de juez penal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
El documento concluye en acusar a Salas Arenas por su conducta, comportamiento y hechos objetos de la denuncia por presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
Luis Adrianzén
Posteriormente, a las 19:00 horas, se verá el informe final de las denuncias constitucionales 395 y 406 (acumuladas), presentadas por el congresista Juan Burgos Oliveros y la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda.
Se concluye acusar al denunciado en el extremo de presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública — negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
El tiempo para el debate será de una hora, distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Además, se otorgará un minuto para la participación de los congresistas no agrupados.
