Desde el Congreso de la República se busca penalizar el uso de pirotécnicos y explosivos en las protestas sociales, a raíz de las últimas movilizaciones impulsadas por el colectivo denominado ‘Generación Z’.
El legislador de Somos Perú, Héctor Valer, presentó un proyecto de ley a fin de sancionar penalmente a los que utilicen estos objetos como armas de ataque durante una protesta social.
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De esta manera, se busca incorporar un tercer párrafo al artículo 279- C del Código Penal para sancionar esta conducta. Ello busca reforzar la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos que participan en este tipo de movilizaciones.
“El que, en el marco de una protesta social, utilice productos pirotécnicos o explosivos, con el propósito de causar daño, intimidar o poner en peligro la vida de las fuerzas del orden o de cualquier persona, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años. Si se producen lesiones graves o muerte de personas como resultado de estas acciones, la pena será no menor de 10 ni mayor de 15 años”, se lee en el documento.
El proyecto de ley contiene las firmas de los legisladores Ana Zegarra, Óscar Zea, José Pazo, Alfredo Azurín, Elizabeth Medina y Jorge Morante, todos ellos de Somos Perú.
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LOS FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
En su exposición de motivos, Valer tomó como referencia los ataques de los manifestantes hacia el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas del último 15 de octubre.
“En estas protestas se observaron individuos encapuchados que utilizaron artefactos pirotécnicos dirigidos hacia miembros de la PNP. Estos individuos se mezclaron entre los manifestantes y emplearon dispositivos en forma de bazucas que disparaban ráfagas similares a armas automáticas, además de bombas molotov fabricadas al instante desde mochilas llenas de material bélico improvisado”, cuestionó.
Recordó que estos dispositivos pirotécnicos son peligrosos por su capacidad de provocar quemaduras severas, lesiones irreversibles, pérdida de audición y daño ocular permanente. Además, advirtió que conllevan un riesgo de incendio, contaminación atmosférica y estrés tanto en personas como en animales, siendo especialmente vulnerables los niños y los ancianos.
“Es muy importante dejar en claro que esta ley no busca criminalizar la protesta, por el contrario, busca salvaguardar tanto a las fuerzas del orden como a los ciudadanos, sean manifestantes o no, y fomentar un entorno donde se pueda ejercer el derecho a la protesta sin temor y sin poner en riesgo la integridad o vida de nadie”, concluye la iniciativa.
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