Congreso: plantean acceder al secreto bancario de organizaciones criminales en flagrancia

En medio del incremento de la extorsión y sicariato en el país, la bancada de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley con la finalidad de acceder al secreto bancario, bursátil y tributario y de las comunicaciones del crimen organizado en periodo de flagrancia.

La iniciativa de reforma constitucional, que impulsa la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, busca reformar parcialmente la Carta Magna para establecer el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como el levantamiento de la reserva bursátil y tributaria, durante el plazo de la flagrancia delictiva ante la comisión de un hecho penal.

LEA TAMBIÉN: Dictamen sobre terrorismo urbano estaría listo en 15 días

Esto, como parte de las diligencias preliminares urgentes e inaplazables que permitan salvaguardar la vida, la libertad, e integridad física y emocional de la víctima, por ser de suma urgencia.

Con esto, se podrá saber la identificación y ubicación en tiempo real de los presuntos responsables del hecho delictivo, a efecto de lograr su identificación y captura, como una medida de reacción frente al incremento de los índices de criminalidad en el país.

“El levantamiento de estos derechos fundamentales (secreto bancario, la reserva bursátil y tributaria) se efectúa durante el plazo de la flagrancia delictiva por la comisión de delito doloso, sin que se informe al afectado, y luego que el representante del Ministerio Público de cuenta al juez para asumir el control posterior. Para los demás casos se procederá de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular”, se lee en la iniciativa.

También se precisa que las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos durante el plazo de la flagrancia delictiva por la comisión de delito doloso, sin que se informe al afectado, y luego que el representante del Ministerio Público de cuenta al juez para asumir el control posterior.

“Para los demás casos se procederá por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen”, reza el proyecto de ley.

LEA TAMBIÉN: Adrianzén: proyecto de ley sobre terrorismo urbano no afecta el derecho a la protesta

Busca romper la cadena de la transferencia bancaria

En la iniciativa se precisa que de lograrse aprobar esta reforma parcial de la Constitución, la PNP, luego de dar cuenta al fiscal provincial y tras darse aviso a un juez para un control posterior, recién podrá acceder al sistema informático con el número de cuenta bancaria o número de celular vinculado a una cuenta que sea parte de un hecho delictivo y, de esta forma, obtener la información relevante y puntual en tiempo real de las entidades bancarias y compañías de telecomunicaciones que permita identificar al titular de la cuenta bancaria y la ruta que siguió el dinero ilícito.

Esto permitirá ubicar a los emisores y receptores de la comunicación delictiva que permita la ubicación y captura inmediata de los presuntos responsables, sin necesidad de proseguir un trámite procesal engorroso que autorice el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, más aún si de por medio está en inminente peligro la libertad, la vida, y la integridad física y emocional de la víctima.

“Otro punto relevante por resaltar y que justifica la propuesta de reforma constitucional es atacar de manera directa y frontal las dos mayores incidencias criminales en el país, que son los delitos de extorsión y estafa, los mismos que al ser delitos contra el patrimonio, resulta necesario romper la cadena de la transferencia bancaria, detectándose los movimientos bancarios y al titular de la cuenta beneficiaria, lográndose la identificación de los responsables, su ubicación en tiempo real e inminente captura”, se lee en el texto.

Además, se cuestionó que el procedimiento para solicitar el levantamiento del secreto bancario o de las comunicaciones hasta la autorización judicial por resolución debidamente motivada puede tardar, en promedio, de cuatro a ocho meses,

“Esto es tiempo suficiente para que el dinero haya vuelto a ser transferido de una cuenta bancaria hacia otra, resultando casi imposible seguir la trazabilidad del dinero mal habido e identificar a los que resulten responsables, debido a que por cada movimiento se debería realizar nuevo procedimiento levantamiento del secreto bancario”, se advirtió en la propuesta.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo plantea hasta cadena perpetua para el sicariato y eleva penas de la extorsión