Unas horas después de que la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron la vivienda de Nicanor Boluarte en el marco del caso ‘Ícaros’, el Gabinete Ministerial emitió un pronunciamiento en favor del hermano de la presidenta Dina Boluarte, lo que llamó fuertemente la atención.
En conferencia de prensa, el premier Eduardo Arana, quien fue el encargado de leer el documento, calificó este hecho como un agraviante del orden constitucional y perjudicial para la gobernabilidad y la democracia del Perú.
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Como era de esperarse, esta noticia no pasó desapercibida en el Congreso de la República. El legislador de Podemos Perú, Juan Burgos, envió un oficio al titular de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, a fin de que se cite al titular de la PCM en una fecha por determinar.
Esto, con la finalidad de que el premier explique los “fundamentos, alcances y legalidad” de dicho comunicado.
En su oficio, Burgos recordó que Nicanor Boluarte viene siendo investigado por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal y tráfico de influencias, debido a su supuesta vinculación con la organización criminal “Los Waykis en la Sombra”.
Además, recordó que la Ley N° 29158 (Ley Orgánica del Ejecutivo) delimita “con claridad” las funciones del Consejo de Ministros, por lo que enfatizó que la defensa política de ciudadanos investigados por el Ministerio Público no está contemplada entre ellas.
“En tal sentido, corresponde que el señor premier explique a la representación nacional las razones legales y constitucionales que justificarían un pronunciamiento de defensa política en este caso particular, considerando el principio de separación de poderes y la neutralidad institucional que debe regir al Poder Ejecutivo”, aseveró.
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¿CUÁL FUE EL PRONUNCIAMIENTO DEL GABINETE MINISTERIAL?
El último miércoles, Arana recordó que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está protegido por la Constitución y el Código Penal, como ocurre en varios países, por lo que consideró que su vulneración es un atentado directo contra la intimidad y la seguridad de las personas.
Sostuvo que existe un uso desproporcionado de esta medida excepcional, lo cual afecta gravemente derechos fundamentales amparados por la Constitución.
“Se ejecutan este tipo de acciones (allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte), que solo buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias”, cuestionó.
Finalmente, precisó que el Ejecutivo rechaza “de forma tajante” lo que considera un abuso de poder por parte de la Fiscalía.
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