La bancada de Honor y Democracia exigió al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, una serie de medidas y acciones concretas en el marco de la investigación por la existencia de una presunta red de prostitución enquistada en su institución y que habría sido organizada por el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia.
A través de un oficio enviado a Salhuana, el vocero de dicho grupo parlamentario, Jorge Montoya, le pidió restituir el Estatuto del Servicio Parlamentario y reformar los cargos administrativos.
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En ese sentido, planteó revisar y/o reformar el perfil del personal que ocupe dichos puestos en el Parlamento, en particular en la Oficina Legal y Constitucional.
Esto, según se aprecia en el documento, con la finalidad de que las jefaturas en el Legislativo “sean ejercidas por personal idóneo y de carrera, para que, de este modo, prime la meritocracia, el conocimiento y la experiencia profesional sobre criterios subjetivos de confianza”.
Montoya también le pidió a Salhuana que los resultados de las investigaciones que se vienen realizando sean comunicados oficialmente al procurador público del Congreso, a fin de que inicie las acciones judiciales correspondientes.
Además, le recomendó que implemente con recursos, profesionales y técnicos una estrategia comunicacional dirigida al público en general. Esto, con la finalidad de evitar el deterioro de la imagen del Parlamento ante este escándalo, “debiendo tomarse acciones urgentes al respecto”.
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Cuestiona declaraciones de funcionarios
El jueves pasado, un grupo de funcionarios del Parlamento se presentaron en la comisión de Fiscalización para responder por la existencia de esta presunta red de prostitución. Uno de ellos fue el oficial mayor Giovanni Forno, quien dijo no recodar quién le entregó el CV de Torres Saravia.
Respecto a esta situación, Montoya dijo haber sentido vergüenza ajena al escuchar las “desmemoriadas” declaraciones de casi todos los funcionarios que fueron interrogados sobre las contrataciones en la Oficina Legal y Constitucional.
Cuestionó que dichos trabajadores del Parlamento hayan recurrido al fácil argumento de no recordar quién sugirió o entregó determinados documentos, ni los motivos que fundamentan las contrataciones en altos cargos públicos de la institución.
“En este sentido, reiteramos a su despacho nuestro pedido de transparentar todas las investigaciones administrativas que se vienen realizando al respecto, así como se comunique a todas las bancadas y congresistas no agrupados, el resultado detallado de las mismas, ya que está lamentable situación viene afectando gravemente el prestigio y respetabilidad del Congreso”, aseveró.
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