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El Procurador del Congreso de la República pidió al Tribunal Constitucional (TC) que se declare nulo el fallo judicial que concedió la medida cautelar en favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que suspende el proceso de destitución de dichos magistrados.
El documento fue presentado por el procurador del Poder Legislativo, Manuel Peña Tavera, al medio día y en él plantea que el TC, como parte de la ejecución de su sentencia competencial de febrero del 2023, “se disponga la inmediata nulidad de la resolución” del pasado 7 de noviembre que le otorga una medida cautelar a la JNJ.
Para el procurador la resolución emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a favor de la junta, contraviene “flagrante y expresamente” el fallo constitucional y la autoridad del Tribunal Constitucional.
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El Poder Legislativo recordó que el 23 de febrero en un proceso competencial entre el Congreso y el Poder Judicial, el TC emitió un fallo en el que establece que puede seguir adelante con investigaciones y procesos de juicio y antejuicio. Este fallo fue en el marco de las resoluciones del Poder Judicial que impedían la elección del defensor del Pueblo.
“Resulta especialmente preocupante que, a pesar de que el pedido de la medida cautelar de los miembros de la JNJ incide directamente sobre el ejercicio de una competencia constitucional (la resolución a favor de la junta) omite siquiera citar y no contenga ninguna referencia explícita a la sentencia del pleno del TC”, anotó.
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Se investiga a jueces
El Ministerio Público inició el miércoles 8 del presente una investigación preliminar contra los tres jueces que integran la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que acogió la medida cautelar presentada por la JNJ y ordenó suspender provisionalmente el proceso iniciado por el Parlamento en contra de esta institución.
Los jueces Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
En la resolución emitida por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos se precisa que el plazo de diligencias preliminares será de 60 días, sin perjuicio que este plazo pueda ser ampliado.
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“Se solicita a las partes procesales intervinientes que brinden un correo electrónico y un número telefónico a efectos de poder realizar las coordinaciones a que hubiera lugar. Esto, en atención al principio de celeridad y economía procesal, aplicable a la presente investigación fiscal”, se le en el documento.
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