Falta días para que culmine el 2023, por lo que es momento de hacer un balance de una de las instituciones que este año continuaron en el ojo de la tormenta: Congreso de la República; cuya desaprobación se incrementó de 85% a 88% en el último mes, de acuerdo a la última encuesta de Datum. En tanto, su aprobación se redujo de 11% a 7%.
El Parlamento tuvo en este año dos autoridades: Por un lado, está José Williams (Avanza País), cuya gestión estuvo marcada por los excesivos montos que se ha destinado para bonos, remodelaciones, buffet, viajes, alfombras, televisores, celulares y el alquiler de una playa de estacionamientos.
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En julio pasado, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) asumió la presidencia del Parlamento en medio de la polémica, debido a que registra una serie de denuncias, que lo llevaron hasta la comisión de Ética.
En medio de todo esto, el Congreso continuó con su rol fiscalizador. No solo interpeló y censuró ministros de Estado, como es el caso de Vicente Romero, sino también inició investigaciones contra personajes relacionados a la presidenta, como es el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado.
Como era de esperarse, este año también se aprobaron iniciativas legislativas polémicas o que fueron criticadas, como por ejemplo, la modificación a las elecciones primarias y la norma que golpea la colaboración eficaz, entre otras más.
En este informe, recordaremos los hecho más importantes en el Parlamento y las decisiones polémicas que marcaron este 2023.
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1. Polémicos gastos de la gestión de José Williams
En los primeros meses del año los diversos dominicales pusieron su puntería en los gastos que realizó la Mesa Directiva del Congreso, liderada en ese entonces por Williams.
La firma de esta adenda permitió reemplazar el plato a la carta que recibían los congresistas y que costaba S/ 10.59 (con jugo, gaseosa, agua o café no llegaba ni a S/ 16), por un variado buffet por el que ahora se paga S/ 80 por congresista; es decir, ahora el almuerzo de cada padre de la patria cuesta casi cinco veces más que hace unos meses.
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Además, se inició la compra de televisores para todo el congreso, por un monto de S/ 138, 350, así se tramitó la compra de 1,600 metros de alfombras.
Tras conocerse estas denuncias, Williams pidió a la Contraloría realizar una auditoría de control específico acerca de los procesos de contratación de bienes y servicios realizados durante el último año por su institución. Además, Williams insistió en que todos los contratos, procedimientos y licitaciones en el Parlamento no son responsabilidad de la Mesa Directiva, sino de la parte administrativa.
Todas estas denuncias le costaron el puesto al entonces oficial mayor del Parlamento, José Cevasco.
2. Aprobación de la ley que le permite a Boluarte despachar de manera remota
Tras un pedido expreso por parte del Ejecutivo, el Pleno del Congreso aprobó, en junio pasado, un proyecto de ley que le autoriza a Boluarte despachar de forma remota en caso de viajes al exterior. Esto, ante la ausencias de vicepresidentes que puedan ejercer temporalmente la Presidencia de la República.
“En caso de que el presidente de la República deba salir del territorio nacional y no haya vicepresidentes en ejercicio, de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías digitales. Es obligatoria la implementación de mecanismo de seguridad digital para el uso de dichas tecnologías”, se lee en la norma que recibió el respaldo de 72 legisladores, mientras que 40 se opusieron.
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Con la aprobación de esta ley, la jefa de Estado pudo viajar al exterior. Por ejemplo, visitó el Vaticano para sostener un encuentro con el papa Francisco, así como también tuvo una fallida reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le costó el puesto a la excanciller Ana Gervasi.
Sin embargo, los detractores de esta norma, a la que califican de inconstitucional, no se quedaron con los brazos cruzados. Presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad para derogarla, así como impulsaron una moción para vacar a Boluarte en el cargo por viajar al exterior sin tener vicepresidentes.
3. El caso de Digna Calle
En setiembre pasado, la legisladora de Podemos Perú, Digna Calle, retornó al Perú tras haber permanecido medio año en Estados Unidos con licencia del Parlamento. Como se recuerda, desde el 20 de enero de este año, la congresista contó con licencia sin goce de haber y, ante los constantes cuestionamientos, la bancada anunció su regreso a inicios de agosto.
Pese a que ya se encuentra en el país, la legisladora adelantó en aquella oportunidad que no acudiría al Parlamento y que continuará trabajando de forma virtual.
“No voy a ir al Congreso, no voy a ir al Pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar mientras esté en Lima, voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores, a mi despacho, pero al Pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, dijo a Cuarto Poder.
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Como era de esperarse, esta postura le ocasionó un sinfín de críticas. La comisión de Ética del Congreso aprobó, por mayoría, sancionarla con una amonestación escrita pública, mientras que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inició una investigación en su contra, que podría derivar en su inhabilitación.
Mientras tanto, la legisladora de Podemos Perú continúa en sus trece: no piensa pisar nuevamente la sede parlamentaria.
4. La “alianza” entre Fuerza Popular y Perú Libre
Desde que este Parlamento inició funciones las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre (PL) eran como el agua y el aceite: no podían estar juntas. Sin embargo, la elección de la Mesa Directiva hizo que ambas agrupaciones pongan de lado sus diferencias y formen una especie de “alianza” con otras dos agrupaciones para ganar la votación.
Si bien en un inicio los legisladores de ambas bancadas negaron cualquier acercamiento, con el pasar de los días los rumores terminaron por confirmarse. Tras una serie de reuniones, el llamado ‘Bloque democrático’ pasó a llamarse ahora ‘Bloque país’ y sumó en sus filas a PL.
Esto ocasionó que Renovación Popular (RP), cercano ideológicamente a FP, se separara de dicho bloque y criticara a su ahora exaliado por unirse con el partido que fundara Vladimir Cerrón.
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Sin embargo, algunos legisladores de PL, como Silvana Robles, José Quito y otros más, también renunciaron a su agrupación en rechazo a la alianza con el fujimorismo.
El día de la elección, el ‘Bloque país’ ganó la elección. Alejandro Soto (APP) se convirtió en nuevo presidente del Congreso, al vencer a su rival Luis Aragón (Acción Popular). En las vicepresidencias fueron designados Hernando Guerra García (FP), Waldemar Cerrón (PL) y Roselli Amuruz (Avanza País).
5. Las denuncias contra Alejandro Soto
Pese a las denuncias que registraba, el Pleno del Congreso eligió, en votación, a Alejandro Soto como su nuevo presidente para el periodo 2023-2024.
Tras conocerse las denuncias, Soto ofreció una conferencia de prensa en la que salió a negar todas las imputaciones y que se presentaría ante la comisión de Ética para que lo investigue. Se resistió a dar un paso al costado, pese a todos los cuestionamientos.
Luego de esa conferencia, el presidente del Congreso no volvió a pronunciarse frente a las cámaras de televisión. Solo usaba su cuenta de las redes sociales para opinar sobre algunos temas en particular.
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Pese a todo esto, su bancada, APP, lo siguió respaldando en el Parlamento, al igual que las otros grupos del denominado ‘Bloque país’, entre ellos, FP y PL.
Hace unos días, la comisión de Ética aprobó por mayoría mandar al archivo la investigación que pesaba contra el legislador por la llamada ‘Ley Soto’. De esta manera, quedó limpio de cualquier indagación en el Parlamento tras al archivarse sus pesquisas relacionadas a la contratación de la hermana de la madre de su hijo y por un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.
6. El fallecimiento de Hernando Guerra García
A fines de setiembre pasado una noticia remeció el Congreso y causó tristeza entre los congresistas.
Según fuentes policiales, el legislador de Fuerza Popular habría sufrido una descompensación en el distrito de Punta de Bombón. Sus amigos lo trasladaron hasta una posta del lugar, pero no había ningún médico presente por la hora.
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Unas semanas después de este lamentable suceso el JNE oficializó la vacancia del cargo de congresista de Guerra García y, en su reemplazo, convocó a su accesitario, Fernando Rospigliosi, quien unos días después asumió su curul.
En lo que respecta a la primera vicepresidencia del Parlamento, el Pleno eligió, por votación, que su reemplazante sea Arturo Alegría, legislador de FP.
7. La inhabilitación de Zoraida Ávalos y el conflicto con la JNJ
Este año el principal rival del Congreso no fue el Ejecutivo, tal como ocurre habitualmente, sino fue la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El enfrentamiento entre ambos poderes llegó hasta instancias judiciales.
Todo comenzó a fines de junio pasado, cuando el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, inhabilitar por cinco años a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos. Previamente a dicha decisión, la JNJ emitió un comunicado en respaldo de dicha fiscal y llamando al Parlamento a la reflexión.
Esto no fue bien visto por la legisladora Patricia Chirinos, quien presentó una moción para investigar a los miembros de la JNJ por esta causal y otras. Unas semanas después, el Parlamento acogió el pedido y ordenó a la comisión de Justicia realizar la pesquisa por 15 días.
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Al término, el grupo de trabajo presentó su informe final y recomendó la remoción de los siete integrantes de la JNJ por una presunta falta grave.
Dicho informe aún no ha sido debatido en el Pleno debido a que el Poder Judicial acogió una medida cautelar de la JNJ y ordenó al Parlamento suspender todo el procedimiento.
8. Los congresistas ‘mocha sueldos’ y los ‘blindajes’ en la comisión de Ética
Sin duda alguna, este año el Congreso será recordado por los casos de legisladores denunciados por reducir el sueldo a sus trabajadores, o más conocidos como congresistas ‘mocha sueldos’.
A lo largo de todos estos meses los dominicales presentaron los testimonios de diversos trabajadores del Parlamento en los que se les escucha acusar a sus jefes de reducir sus sueldos.
Entre los congresistas involucrados en estas denuncias figuran, Heydi Juárez (Podemos Perú), Magaly Ruiz (APP), Rosio Torres (APP), Katy Ugarte (No agrupada), María Acuña (APP), Marleny Portero (Acción Popular), José Arriola (Acción Popular), María Cordero Jon Tay (No agrupada) y Édgar Tello (Bloque Magisterial), entre otros más.
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Sin embargo, los casos de los dos últimos legisladores fueron los más sonados. En el caso de Tello, su extrabajadora, quien posteriormente fue despedida pese a que se encontraba embarazada, lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4,600; además, de ejercer presión para la adquisición de cocinas para ollas comunes.
De acuerdo a Punto Final, la extrabajadora, con ocho meses de gestación, relató que el legislador la conminó a apoyar con la compra de dicho aparato.
“Yo le dije ¿esto es una broma? (Pero él) me dijo, cómo va a ser una broma. Ahora que estás con el bono no tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector”, relató la excolaboradora a Punto Final.
Respecto a Cordero Jon Tay, Punto Final reveló en abril pasado unos audios que acreditarían que la congresista recortó el sueldo a uno de sus trabajadores. Este sujeto denunció al dominical que la exlegisladora fujimorista le exigió el 50% de su salario mensual. Para demostrar su acusación mostró grabaciones de las conversaciones que sostuvo con ella.
“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (...) tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay a su exasesor en el audio.
Todos estos casos vienen siendo investigados en el Ministerio Público y en la comisión de Ética, aunque este último grupo de trabajo no ha dado las respuestas satisfactorias del caso.
Hasta ahora solo Cordero Jon Tay ha sido suspendida 120 días por estos hechos, mientras que el resto de legisladores involucrados, como Magaly Ruiz, Rosio Torres y Heidy Juárez, solo recibieron una amonestación pública, lo que a todas luces puede ser visto como una especie de ‘blindaje’.
9. Continúa la aprobación de leyes polémicas
En el Parlamento es habitual que todos los años se aprueben normas que no solo son polémicas, sino que son criticadas por otras instituciones del Estado y desde la sociedad civil. Y en este año hubo ejemplos de sobra.
En la actualidad el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que las elecciones primarias “se realizan de manera simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política”.
Sin embargo, este dictamen contempla tres modalidades para realizar las elecciones primarias, lo que podría eliminar la participación libre de la ciudadanía en el proceso y facilitaría que las cúpulas dirigenciales elijan a los candidatos.
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La norma en mención establece solo un plazo de ocho meses desde que inicia el procedimiento de colaboración eficaz hasta que se aprueba por un juez, el cual puede ser ampliado por ocho meses más en casos de crimen organizado.
Otros cambios en la ley son la obligación de grabar las declaraciones del colaborador, lo que podría arriesgar la reserva de su identidad, entre otros más.
El Parlamento, entre otras decisiones polémicas, también aprobó el retorno a la carrera pública magisterial de cerca de 14,000 docentes interinos cesados en el 2014, la modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con medidas que permitirían el aumento de la deforestación, y la aprobación, en primera votación, del retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria.
10. No todo es malo: dos medidas positivas
Si bien el Parlamento estuvo todo este año en el ojo de la tormenta, hay dos propuestas positivas que se aprobaron en el Pleno. En noviembre pasado se aprobó, con 113 votos a favor y 3 abstenciones, el proyecto de ley que apunta a proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, erradicando el matrimonio infantil.
La propuesta de la congresista Rosangella Barbarán incluye, dentro de las disposiciones complementarias transitorias, que “los menores de edad podrá solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la presente ley”.
Si bien la mayoría de los legisladores apoyaron esta norma, hubo uno que otro que se opuso. Tal es el caso de José María Balcázar, quien intentó normalizar las relaciones sexuales entre personas adultas con adolescentes en edad escolar.
En noviembre pasado, el Pleno del Congreso aprobó otorgar facultades al Ejecutivo, por el plazo de 90 días, para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el fenómeno El Niño, entre otros.
Al término del plazo legal, el Gobierno publicó cerca de 44 decretos legislativos vinculados principalmente a seguridad ciudadana, pero también se emitieron algunos relacionados a temas de infraestructura, transporte, telecomunicaciones, Servicio Civil y agricultura.
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