Congreso: Los 9 legisladores denunciados por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores

El último domingo una extrabajadora del legislador del Bloque Magisterial, Edgar Tello, lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4,600, además, de ejercer presión para la adquisición de cocinas para ollas comunes.

De acuerdo a Punto Final, la extrabajadora, con ocho meses de gestación y cuya identidad se mantuvo en reserva, relató que el legislador la conminó a apoyar con la compra de dicho aparato.

“Yo le dije ¿esto es una broma? (Pero él) me dijo, cómo va a ser una broma. Ahora que estás con el bono no tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector”, relató la excolaboradora al dominical Punto Final.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Tello afirma que denuncia en contra del legislador obedece a un “tema político”

Tras conocerse esta noticia, Tello emitió un comunicado en el que intentó desacreditar la versión de su denunciante. Según dijo el parlamentario, la trabajadora sigue siendo parte de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, de la cual es su presidente, y que se le ha tolerado múltiples faltas laborales internamente.

Hasta el momento la comisión de Ética del Parlamento no ha abierto ninguna investigación al respecto. En tanto, la Procuraduría General del Estado (PGA) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de Tello por el presunto delito de concusión; sin embargo, la Fiscalía, al cierre de la edición, no se ha pronunciado.

Con este caso, ya son 9 los legisladores que se encuentran en el ojo de la tormenta tras ser denunciados por presuntamente recortar el sueldo a uno de sus trabajadores.

Los otros congresistas cuestionados son: María Cordero Jon Tay (No agrupada), Heydi Juárez (Podemos Perú), Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), Rosío Torres (No agrupada), Katy Ugarte (No agrupada), María Acuña (Alianza para el Progreso), Marleny Portero (Acción Popular) y José Arriola (Acción Popular).

En esta nota repasaremos cada uno de estos casos:

María Cordero Jon Tay

El caso que involucra a la exlegisladora de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, es uno de los más mediáticos que se presentado en el actual Congreso.

En abril pasado, Punto Final reveló unos audios que acreditarían que la congresista recortó el sueldo de uno de sus trabajadores. Un exasesor de la congresista denunció al dominical que esta le exigió el 50% de su salario mensual. Para demostrar su acusación mostró grabaciones de las conversaciones que sostuvo con ella.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (...) tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay a su exasesor en el audio.

LEA TAMBIÉN: Williams sobre situación de Calle: “Es una falta de respeto no solo al Congreso, sino a la población”

Tras conocerse esta noticia, desde Fuerza Popular pidieron la máxima sanción a la legisladora. No solo la expulsaron de su bancada y la retiraron de todas las comisiones en la que participaba, sino también presentaron una denuncia constitucional en su contra, en la que plantean su inhabilitación por 10 años.

La comisión de Ética abrió una investigación contra Cordero Jon Tay, que podría derivar en su suspensión. En tanto, el Ministerio Público abrió una pesquisa en su contra por el presunto delito de concusión.

Hasta el momento la legisladora no se pronunciado por esta denuncia.

Heydi Juárez

A fines de abril pasado, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló que la congresista de Podemos Perú, Heydi Juárez, fue acusada de supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho.

De acuerdo al referido medio de comunicación, los sueldos de cuatro trabajadores del despacho de la parlamentaria eran recortados y entregados a un intermediario, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, su asesor principal

Tras conocerse esta denuncia, la legisladora acusó una persecución política en su contra y denunció que la nota periodística del semanario busca dañar su imagen y reputación.

LEA TAMBIÉN: Vicepresidenta del Congreso invoca a trabajadores de su institución a denunciar recortes de sueldo

“La mencionada nota periodística termina siendo un reporte tendencioso y con una clara intención de dañar mi imagen y reputación por parte de personas que desconozco. Eso es lo que me llena de impotencia y de rabia, porque no sé quiénes son las personas que imputan estos hechos y me señalen de que hay pruebas de que ha habido este recorte de sueldos”, enfatizó.

Por estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación contra Juárez y Chafloque por la presunta comisión del delito de concusión.

En tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene en trámite una denuncia en su contra por presuntamente haber cometido delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, y por la infracción a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución.

La comisión de Ética del Congreso también la investiga por esta denuncia, que podría derivar en su suspensión.

Magaly Ruiz

A inicios de mayo, Punto Final publicó el testimonio del extrabajador del Parlamento Carlos Marina Puscán, quien denunció que le cobraban S/1,500 mensuales del sueldo que recibía por sus trabajo de comunicador en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, que lideraba Magaly Ruíz

De acuerdo al dominical, el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, se encargaba del cobro de dichos cupos alegando que su jefa estaba “endeudada hasta el cuello” por los gastos que había tenido en la campaña electoral pasada.

Según relató Marina, fue contratado como auxiliar de la mencionada comisión con un sueldo de S/ 4,200, pero con la condición de que aporten mensualmente a la legisladora después de que el Parlamento les abonara el dinero.

LEA TAMBIÉN: Adrianzén anuncia que Sunafil visitará el Congreso para constatar denuncias de recortes de sueldo

Tras conocerse esta denuncia, Ruiz señaló en sus redes sociales que lo denunciado son “dichos improbados”; sin embargo, recalcó que se someterá a las investigaciones necesarias.

“Ante los dichos improbados contra mi persona atribuyéndome la comisión de un hecho inventado, en claro ataque al legislativo, expreso que me someteré a todas las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos”, escribió en su cuenta de Twitter. También solicitó licencia en su bancada (APP) hasta que culminen las indagaciones.

La Fiscalía de la nación inició una investigación preliminar en su contra por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión.

La comisión de Ética también abrió una indagación en su contra, que podría terminar en su suspensión.

Rosío Torres

En abril pasado, Punto Final reveló que la legisladora Rosío Torres habría obligado a unos trabajadores de su despacho a depositar parte de sus sueldos a un familiar.

Las transacciones las habría hecho con el apoyo de sus sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien si bien no se desempeña en el Congreso, ingresa al Parlamento por autorización de su tía.

Una de las trabajadoras afectadas es Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de Torres de julio de 2021 a agosto del año pasado, y en ese periodo transfirió al sobrino de la congresista, al menos S/ 24,562.

LEA TAMBIÉN: Pese a denuncias por recortes de sueldo, Congreso no puede fiscalizar preventivamente a parlamentarios

Similar denuncia hizo Jesús Sierra Tapia, asesor principal de la legisladora, quien transfirió S/ 4,400 en junio pasado a Juan Daniel Pérez Guerra.

Tras conocerse esta denuncia, el líder de APP, César Acuña, anunció que la legisladora no solo sería retirada de la comisión de Ética, sino que también sería expulsada de su bancada.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de concusión, mientras que la comisión de Ética del Parlamento también hizo lo propio.

Katy Ugarte

En abril pasado, Cuarto Poder reveló conversaciones de extrabajadores del despacho de la congresista Katy Ugarte en las que se quejan por tener que aportar contra su voluntad a una bolsa de dinero para pagar publicaciones en prensa con el objetivo de levantar la imagen de la legisladora, en el Cusco, de donde es natal.

“S/ 300 es el monto que venimos dando los técnicos”, señala uno de los extrabajadores en los chats.

“De haberlo sabido no aceptaba trabajar, y no porque sea tacaña sino que me parece injusto trabajar, producir, soportar, encima salir tarde para que nos tengan que pedir siquiera S/ 1, cuando la congresista tiene un fondo por función de representación”, cuestionó otra excolaboradora en la conversación.

El asesor principal de Ugarte, Roger Torres, reconoció al dominical que los trabajadores dan parte de sus sueldo a la congresista; no obstante, dijo que lo hacen de formas “voluntaria”.

LEA TAMBIÉN: Presentan proyecto de ley para permitir a congresistas renunciar al cargo “de forma excepcional”

“Simplemente yo le yapeaba al comunicador y el comunicador hacia la colecta y se comunicaba con los medios para que cuando viajáramos al Cusco, nos acompañen. Pero eso de ninguna manera era un descuento, era un aporte. El que quería no daba”, afirmó en el reportaje.

Tras conocerse esta noticia, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de concusión.

La comisión de Ética del Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también hicieron lo propio.

María Acuña

A inicios de mayo, el programa “Beto a Saber” denunció que María Acuña habría forzado a sus trabajadores a recortarse el sueldo con el propósito de destinar ese dinero para pagar la remuneración de otro de sus empleados.

La denuncia fue realizada por Carlos Herrera, quien indicó que la parlamentaria presuntamente pagó su sueldo, cuando era jefe de su despacho en Chiclayo, con dichos recortes a otros trabajadores.

También se dio a conocer un audio en el que se le escucha a la legisladora tratar de convencer al denunciante de no hacer público el caso. De acuerdo a lo que se escucha, la parlamentaria señala que los más afectados de esta situación serían sus familiares.

“Yo tengo mis niños pequeños. Como madre, te digo que, tú como eres padre, piensa en el daño que me vas a hacer. No pienses ahorita, piensa en el futuro. Yo apelo a tu reflexión”, le dice Acuña a Herrera.

LEA TAMBIÉN: Shack advierte que Contraloría no puede intervenir en casos de congresistas que recortan sueldos

A través de un comunicado, la también hermana del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, emitió un comunicado en el que rechazó la acusación y recalcó que Herrera no ha sido su trabajador en el Parlamento.

“Como se aprecia del reportaje, no existe indicio que la suscrita haya realizado algún recorte de remuneraciones, mucho menos existe denuncia de algún trabajador en ese sentido, por lo que es evidente que las conclusiones e interpretaciones tanto del locutor como del reportero, así como los anuncios realizados en dicho programa son tendenciosos y emitidos en una evidente campaña de desprestigio y ataque directo a mi persona y partido político”, se lee en su extenso comunicado.

El Ministerio Público decidió abrirle una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de concusión. La comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también hicieron lo propio.

María Acuña actualmente se encuentra con licencia en la bancada de APP hasta que culmine la indagación en su contra.

Marleny Portero

A inicios de este mes, Cuarto Poder reveló que la legisladora de Acción Popular, Marleny Portero, donó unas sillas de ruedas que habrían sido compradas por trabajadores de su despacho.

Portero indicó que regaló estas sillas de ruedas a personas con discapacidad de escasos recursos en el marco de un acto de labor social denominado “Ruta de la Solidaridad”.

Al ser consultada por el dominical si pidió a los trabajadores de su despacho que donen sillas de ruedas, Portero lo negó de plano. “A ninguno, a ninguno. A nadie”, enfatizó.

Minutos después recordó que una vez dos trabajadoras de la comisión que preside en el Congreso (Comisión Hambre Cero) la apoyaron.

LEA TAMBIÉN: Correos revelan que congresistas visitaron ministerios antes de votaciones que favorecieron al Gobierno

Cuarto Poder entrevistó a una de las extrabajadoras de Portero, quien contradijo la versión de la acciopopulista.

“Como te repito, yo ya no trabajo con la señora. En su momento sí, nos pidieron un apoyo y bueno”, señaló.

También desmintió las afirmaciones de la legisladora. “Bueno, si es así investiga, la verdad es una sola y yo no sé por qué ella dice una cosa. Es algo tan sencillo, o sea pedir una donación de una silla si la pides es porque necesitas regalarle a alguien”, anotó.

Tras conocerse esta noticia, la comisión de Ética decidió abrir una investigación en su contra, que podría derivar en su suspensión. La Fiscalía aún no se ha pronunciado.

José Arriola

El último legislador de esta lista es José Arriola, quien también es investigado en el caso ‘Los niños’. A fines de abril pasado, Cuarto Poder reveló que, en el allanamiento a la vivienda y oficina del legislador (realizada a fines de marzo) se encontró una declaración jurada de donación voluntaria, firmada por Carlos Valenzuela Abanto, quien es trabajador técnico en el despacho del acciopopulista.

“Yo, Carlos Franco Valenzuela Abanto, identificado con DNI 09368198, declaro bajo juramento que en forma voluntaria y libre – sin ningún tipo de coerción- dispondré para su entrega personal en la fecha, de un aporte económico solidario por el monto de S/1,323.00, para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de personas vulnerables de sectores de pobreza y extrema pobreza. Lo antes expresado, lo reafirmo legalmente con mi firma y huella digital”, se lee en el documento, presentado por Cuarto Poder.

LEA TAMBIÉN: Trabajadores de la Municipalidad de Ate habrían facilitado elección del congresista José Arriola

En el reportaje, Arriola intentó explicar lo que realmente ocurrió. Según dijo, no recorta el sueldo de sus trabajadores, sino que estos apoyan al despacho comprando abarrotes y productos que son donados en zonas humildes, especialmente en el distrito de Ate, donde el parlamentario ha vivido y en cuya municipalidad también ha trabajado.

Tras conocerse estos hechos, el presidente de su partido, Mesías Guevara, pidió al legislador que dé un paso al costado no solo de la agrupación, sino de la política.

La comisión de Ética ya lo investiga por estos hechos. En tanto, la PGA presentó una denuncia penal en su contra por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio y colusión en agravio de los trabajadores de la organización parlamentaria.