
La comisión de Fiscalización del Congreso dio luz verde a una moción para investigar presuntas irregularidades en las contrataciones del Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Ciro Castillo Rojo.
Ariana Orué (Podemos Peru) sustentó el pedido, y alegó que con las indagaciones se busca garantizar la transparencia ante la inasistencia de autoridades citadas a este grupo de trabajo legislativo.
A su criterio, no se encubrirán “hechos negativos” ni protegerá “a quienes se niegan a rendir cuentas”.
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La legisladora sostuvo que la investigación se fundamenta en denuncias difundidas en medios de comunicación e informes de la Contraloría que colocan al Callao como la región “con mayores índices de corrupción en 2023″, así como por obstaculizar la labor de control congresal.

Vale aclarar que el gobernador regional del Callao es acusado de haber pagado casi un cuarto de millón de soles por presuntos trabajos fantasmas —de acuerdo con Panorama—.
En la otra cara de la moneda, la congresista Patricia Chirinos (Renovación Popular) indicó que la fiscalización “debe ejercerse con objetividad” y cuestionó que la moción se mueva por conflictos personales.
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“No podemos permitir que las instituciones se utilicen para resolver rencillas privadas“, apuntó la congresista, quien presentó una cuestión previa para que se vote por separada la investigación en el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Provincial del Callao —y que no fue aprobada, por lo que no se indagará las supuestas irregularidades del alcalde Pedro Spadaro—.








