El Congreso de la República instaló este viernes la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de estudiar y presentar, en un plazo máximo de 90 días, una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el país.
El grupo de trabajo será presidido por la expresidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, y está conformado por legisladores de diversas bancadas:
• Luis Ángel Aragón Carreño (Acción Popular)
• Lady Mercedes Camones Soriano (Alianza para el Progreso)
• Américo Gonza Castillo (Perú Libre)
• José Enrique Jeri Oré (Somos Perú)
• Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular)
• Segundo Teodomiro Quiroz Barboza (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)
• César Manuel Revilla Villanueva (Fuerza Popular)
• Roberto Helbert Sánchez Palomino (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
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La comisión, creada el 22 de febrero con 95 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, tendrá la misión de evaluar a fondo las deficiencias del sistema judicial y proponer soluciones concretas para fortalecer su eficiencia, transparencia y accesibilidad.
Durante la sesión de instalación, Alva enfatizó que el primer paso será realizar un diagnóstico profundo del sistema de justicia.
“Para hablar de acciones por implementar, debemos entender que solo a partir del diagnóstico podremos asumir el reto de impulsar reformas profundas y estructurales. Para ello, trabajaremos de manera coordinada con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo en acciones prioritarias que esperamos generen la confianza del ciudadano”, sostuvo la legisladora.
Asimismo, subrayó que el objetivo de la comisión es garantizar un sistema judicial más eficiente, accesible y libre de corrupción. “La justicia es el pilar fundamental de una sociedad democrática. No podemos permitir que la impunidad y la desconfianza sigan debilitando a nuestras instituciones”, agregó.
La comisión deberá presentar ante el Pleno del Congreso un informe que incluya el diagnóstico de la situación actual, recomendaciones normativas y propuestas de política pública orientadas a una reforma integral y sostenible del sistema de justicia.
