El futuro del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien afronta una moción de censura, quedó en manos de la Mesa Directiva del Congreso. El presidente de dicha institución, José Jerí, anunció que entre el lunes y martes de la próxima semana decidirán si dicha moción será admitida y debatida en el Pleno o no.
“El día lunes, que tenemos Junta de Portavoces, también aprovecharemos para encontrarnos con los demás integrantes de la Mesa Directiva. Ante el problema procedimental que hemos detectado, tomaremos una decisión, con la ayuda técnica de la Oficialía Mayor, sobre el tema de la admisibilidad”, indicó el último jueves, durante una actividad oficial en Pucallpa.
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A juicio del titular del Parlamento, existen dos interpretaciones frente a este tema. La primera es que la solicitud de censura contra un ministro puede ir directamente al Pleno y la otra señala que debe darse luego de una interpelación.
“Hay dos posturas: los que consideran que la censura, de por sí, ya es un instrumento de control político que puede pasar directamente (al Pleno) y, por otro lado, que no ha habido un proceso de interpelación previo. En consecuencia, hay una doble interpretación”, cuestionó.
“Por eso es que la Mesa directiva, de forma colegiada y con asesoría técnica de la Oficialía, va a tomar una decisión seguramente entre lunes y martes”, concluyó el legislador de Somos Perú.
El último martes, Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, presentó una moción de censura contra Santiváñez por una presunta “falta de idoneidad, confianza y probidad” en su sector. El documento lleva la firma de 35 legisladores.
Tras conocerse esta noticia, desde el Ejecutivo salieron a respaldar al titular de Justicia. El propio premier, Eduardo Arana, denunció que en el Parlamento “pretenden criminalizar, de antemano, la acción de un ministro”.
El presidente del Congreso, José Jerí, anunció que la Mesa Directiva decidirá entre el lunes y martes de la próxima semana si procede o no la moción de censura contra Juan José Santiváñez. (Foto: Congreso)
¿SE PUEDE CENSURAR A UN MINISTRO SIN UNA INTERPELACIÓN PREVIA?
De acuerdo con el reglamento del Congreso, la moción de censura contra un ministro también se puede presentar tras la asistencia de este funcionario, por ejemplo, a una comisión ordinaria, para “informar”.
“La moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación, de la concurrencia de los ministros para informar, o debido a su resistencia para acudir en este último supuesto o luego del debate en que intervenga el ministro por su propia voluntad”, establece el documento.
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Precisamente, Santiváñez y Arana se presentaron la semana pasada ante la Comisión de Fiscalización para dar sus descargos frente a la denuncia que publicó Panorama. Dicho dominical difundió un audio que revelaría una conversación entre ambos funcionarios, que se habría producido en septiembre de 2024, cuando el primero era ministro del Interior y el segundo titular de Justicia.
En este diálogo se habría gestionado favores para Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El diablo’, un expolicía condenado por integrar un brazo armado de la banda criminal ‘Los pulpos’.
Para el exjefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Congreso, Alejandro Rospigliosi, la presentación de Santiváñez ante la Comisión de Fiscalización equivaldría a una interpelación, por lo que consideró que la moción de censura presentada en su contra debería proceder.
“Claro que sí es legal el procedimiento de censura sin una interpelación previa, la practica parlamentaria de los últimos 40 años demuestra eso. Han habido diversas interpretaciones, pero aquí hay algo importante: el ministro ya se presentó en el Congreso. Acudió a la Comisión de Fiscalización a brindar sus descargos. Es decir, ya se presentó”, señaló a Gestión.
Al ser consultado por la decisión de la Mesa Directiva de evaluar si procede o no la censura contra el ministro sin una interpelación previa, consideró que esta es una postura más política que técnica. A su juicio, desde el Parlamento quieren apoyar a Santiváñez ante el eventual escenario de que logren los votos para su destitución.
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“El ministro ya fue escuchado en la Comisión de Fiscalización, en donde están representadas todas las bancadas del Congreso. Si sus descargos satisficieron, la censura no va a prosperar, pero si sus descargos no satisficieron a los legisladores, prosperará su destitución. Punto, así de claro”, enfatizó.
El primer ministro, Eduardo Arana, salió en defensa del titular de Justicia, Juan José Santiváñez. (Foto: PCM)
“DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL, ES VÁLIDA LA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SANTIVÁÑEZ”
En la misma línea, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez Miranda, señaló que, desde el punto de vista constitucional, es válida la moción de censura presentada contra Santiváñez, pese a que no fue previamente interpelado.
Recordó que la interpelación y la censura ministerial fueron recogidas del parlamentarismo europeo. En ese sentido, explicó que, en ese sistema, no existe una vinculación obligatoria entre la interpelación y la censura; es decir, se puede interpelar a un ministro o al gabinete sin censurarlo y al mismo tiempo se puede presentar una moción de censura en cualquier momento, sin que haya una interpelación previa.
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“En la Constitución del 79 si existía obligatoriamente la necesidad de interpelar primero y luego censurar, pero en la actual Constitución, hasta donde tengo entendido, en el diario de debates del Congreso Constituyente Democrático (CCD) se dejó establecido que no era necesario y que se podía presentar una moción de censura sin una interpelación, porque esto no es un tema jurídico, ni puede ser analizado con criterio jurisdiccional”, remarcó a este diario.
“En mi criterio, sí puede continuar el debate de esta moción. Si hay los votos, se censurará al ministro y si no hay los votos, seguirá en el gabinete”, añadió.
Respecto a la posibilidad de que Santiváñez presente algún recurso para invalidad el debate de la moción de censura en su contra, Álvarez Miranda recalcó que no procedería, ya que estamos ante un procedimiento (censura) que es netamente político y no puede ser analizado con un criterio jurisdiccional.
“Si un juez interviene, en realidad, cometería un acto inconstitucional”, alertó el abogado constitucionalista.
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