La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó un dictamen que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso al ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.
La iniciativa legislativa modifica los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 31419, donde se incluye como un cuarto componente en la experiencia laboral específica “la equivalencia”, que se aplicará para puestos o cargos de un funcionario público de libre designación o remoción.
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“La regla de equivalencia no es un procedimiento nuevo, es algo que ya Servir ha venido usando, solo que de manera residual (…) al no estar regulado en la ley, esta solo se aplica vía procedimiento de evaluación residual sin tener un parámetro normativo claro”, destacó Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución.
La norma detalla que la equivalencia a razón de un año del ejercicio de funciones por un año de experiencia específica requerida se debe dar para los casos de un funcionario público de elección popular, directa y universal; así como asesores de alta dirección, jefe de gabinete o el que haga sus veces en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y gobiernos subnacionales.
“Así como asesores del servicio y de la organización parlamentaria en el Poder Legislativo y coordinadores parlamentarios acreditados”, se agrega.
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Del mismo modo, la equivalencia a razón de dos años del ejercicio de funciones por un año de experiencia específica requerida se debe dar para puestos de alta dirección o la que haga sus veces en el sector privado con personal a cargo, además de casos de asesorías profesionales no contempladas en los supuestos anteriores.
“El cómputo de los años de ejercicio de funciones para todos los casos regulados en la presente ley se aplica de manera acumulativa y sin excluir ningún tipo de régimen laboral”, se precisa.
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Beneficios
Entre los beneficios de esta iniciativa se indica que, para el Estado, promoverá que el servicio a la Nación se realice por funcionarios calificados y competentes, que cumplan con los requisitos de meritocracia y se permitirá democráticamente el acceso de profesionales con las más elevadas credenciales de idoneidad y competencia, regulándose únicamente criterios de excepcionalidad y perfiles mínimos.
“Permitirá que se aumente la eficiencia de la gestión pública asegurando que los funcionarios cuenten con la experiencia, conocimiento y dominio de la función en cada una de las instancias de gestión del Estado. Asimismo, se incrementará la confianza en los funcionarios al asegurar que cumplen con los requisitos de integridad e idoneidad”, se destaca en el análisis costo beneficio de la propuesta.
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