El dictamen, aprobado en la comisión de Constitución, recibió el respaldo de 21 legisladores, mientras que 4 se opusieron y se registraron 3 abstenciones.
De acuerdo con la propuesta, las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de financiación privada, a través de “las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito”.
Sin embargo, se precisa que dichos aportes no deben superar en un año calendario el equivalente a las 200 UIT (S/ 1′030,000) que aporten para cada organización política.
LEA TAMBIÉN: Congreso evalúa reabrir plazo para que partidos inscriban militantes: ¿es viable?
De esta manera, se está elevando de S/618,000 (120 UIT) a S/ 1′030,000 el tope de aportes mínimos que pueden recibir los partidos de cara a las elecciones generales del 2026.
“En ningún caso un aportante podrá aportar más de 500 UIT (S/ 2′575,000) al año sin importar el numero de organización política a las que aporte”, añade el texto sustitutorio.
Los partidos también podrán beneficiarse con los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas provenientes de aportes en efectivo debidamente bancarizados o de contribuciones que permitan identificar a los aportantes y el monto del aporte con los comprobantes correspondientes. Por actividad podrán recibir hasta 200 UIT (S/ 1′030,000).
“La organización política debe informar de las actividades que realicen sus órganos ejecutivos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no menor de 7 días calendario previos a la realización del evento para efectuar la supervisión respectiva”, se lee en el dictamen.
Además, se estipula que la organización política identifica a los aportantes de las actividades proselitistas y remite la relación a la ONPE
“Todo aporte privado en dinero, que supere el 25% de una UIT, se realiza a través de entidades del sistema financiero (...) los aportes privados en especie y los que no superen el 25% de UIT se efectúan mediante recibo de aportación, que contiene la valorización del aporte y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero descentralizado de la organización política o el responsable de campaña, según corresponda”, se estipula en el texto.
LEA TAMBIÉN: Confiep respalda norma para ampliar monto de aportes que pueden recibir los partidos
¿Es positiva la restitución del financiamiento privado de partidos?
En diálogo con Gestión, el experto en temas electorales, José Naupari, se mostró a favor de que las empresas puedan volver a aportar a los partidos; sin embargo, consideró que se deben de poner algunos topes y medidas adicionales para evitar un trato desigual en las elecciones.
Por ejemplo, dijo que es posible que algunas empresas brinden aportes solo a uno de los candidatos presidenciales que pase a una eventual segunda vuelta electoral, lo que generaría un trato desigual con el otro postulante, lo que se debería evitar.
“Es posible que un partido pueda recibir un mayor financiamiento de las empresas a diferencias de otras agrupaciones, por lo que van a estar en desventaja, en ese sentido (...) ¿qué es lo que se podría hacer?, quizás que ese financiamiento aplique solo para la primera vuelta”, sostuvo.
Naupari consideró que en el Pleno se debería discutir la posibilidad de colocar algunos candados en torno a qué tipo de empresas pueden aportar a los partidos. Por ejemplo, se mostró a favor de prohibir a las constructoras que brinden contribuciones económicas a las agrupaciones postular en una licitación sobre el rubro al que pertenecen.
Por su parte, José Villalobos calificó de positivo que se haya reinstaurado el financiamiento privado de partidos; sin embargo, recalcó que se deberían colocar más topes y ‘candados’ para evitar que ocurra un nuevo ‘Lava Jato’.
“En toda la región la mayoría de países aceptan al financiamiento privado, por lo que la tendencia era tener este tema de vuelta. La otra opción sería que el Estado financie a todos los partidos, pero las campañas electorales son caras. Entonces, en este momento no es viable eso”, acotó el experto en temas electorales.
Villalobos añadió que este financiamiento privado debe de ser público y transparente; es decir, debe informarse los nombres de las empresas que brinden contribuciones económicas a las campañas electorales.
“Debe haber un tope en el financiamiento, para evitar las brechas y desventajas, ya que algunos partidos no recibirán dinero. Sí creo que debería ponerse el candado de que aquella empresa que financia una campaña no debe luego contratar con el Estado en caso el candidato al que apoyó logre ganar la elección”, dijo a este diario.
LEA TAMBIÉN: Financiamiento privado a partidos políticos: ¿Se podría garantizar la transparencia?
Partidos podrán pagar abogados con dinero del Estado
En cuanto al financiamiento estatal que reciben las agrupaciones políticas con representación en el Congreso, la comisión que preside Fernando Rospigliosi acordó que hasta el 50% de este estipendio sea utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política.
“Así como para la contratación de personal y servicios diversos, los que incluyen servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política como a sus directivos, representantes y voceros”, añade el dictamen.
Si bien el texto no establece ningún límite o tope, ni tampoco precisa en qué tipo de investigaciones procederán los pagos con dinero público en favor de los abogados de los partidos, hay que recordar que, en la actualidad, partidos como Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular y Perú Libre (PL) y sus directivos afrontan diversos procesos judiciales.
En otro extremo de la norma, se estipula que no menos del 50% del financiamiento público directo debe ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres.
“Estas actividades pueden estar orientadas a los procesos electorales convocados e involucrar realización de encuestas, desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales y procesamiento masivo de datos, así como la implementación o mantenimiento de canales o plataformas institucionales de comunicación como revistas en medio físico o digital u otras homologas”, se lee en la norma.
Empresas con contratos en el Estado podrán aportar
En el predictamen destaca como una fuente de financiamiento prohibido los aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras con fines de lucro, así como personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto estas últimas cuando los aportes estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación.
LEA TAMBIÉN: ONPE: próxima elección podría ser financiada por economías ilegales sin cambio en norma
También estaban prohibidas los aportes de personas jurídicas nacionales con fines de lucro con contratos con el Estado; sin embargo, a pedido de la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, este ítem fue retirado del dictamen.
En consecuencia, las empresas peruanas que hayan contratado con el Estado están habilitadas para poder financiar las campañas electorales de los partidos.
Finalmente, la comisión de Constitución incluyó un artículo en la propuesta para permitir los aportes bancarizados a los partidos a través del Banco de la Nación.
“Se podrá realizar aportes a las organizaciones políticas de su preferencia hasta por el 40% del límite establecido, a través de una cuenta que el Banco de la Nación habilita para el efecto”, agrega el dictamen.
Los aportes que se realicen en esta cuenta podrán ser realizados mediante depósitos en ventanilla, transferencias o a través de la plataforma virtual Pagalo.pe. Se deberá pedir a cada aportante, entre otras cosas, su nombre completo o razón social, su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería, el monto del aporte y una declaración jurada del aportante.
Sin embargo, se estipuló que el Banco de la Nación debe asegurar que en el comprobante de depósito y transferencia no conste el nombre del partido al que va dirigido la contribución económica, de tal manera que “se preserve la confidencialidad del aportante”.
“Antes del término de cada día hábil, el Banco de la Nación conciliará los aportes realizados hasta el día anterior en la cuenta abierta para tal efecto con los fondos obtenidos en las mismas, y transferir los importes que corresponda a las cuenta de los partidos que hayan indicado los aportantes, según corresponda, preservando la confidencialidad de la información”, agrega la propuesta.
LEA TAMBIÉN: Fernando Rospigliosi: “Debe restituirse la financiación legal de las empresas a los partidos”
Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
