La Comisión Permanente del Congreso validó el informe final de sendas denuncias contra los exministros del gobierno de Pedro Castillo: Betssy Chávez y Geiner Alvarado.
A Chávez Chino se la sindica del presunto delito de negociación incompatible indebido del cargo y de tráfico de influencias agravado. Dicha denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Cabe acotar que la expresidenta del Consejo de Ministros y también exministra de Trabajo no acudió al Congreso.
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Se designó a los miembros de la subcomisión acusadora: María Acuña Peralta y Esdras Medina Minaya, en quienes recaerá la responsabilidad de sustentar el informe aprobado y formulas la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso.
Betssy Chávez —según los documentos sustentados— dispuso de la contratación directa de los ciudadanos Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa como personal auxiliar de su despacho parlamentario. Aparte de los testimonios de los involucrados, hay una declaración de la también otrora congresista durante su periodo de licencia.
Geiner Alvarado, exministro del gobierno de Pedro Castillo, debe cumplir 36 meses de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro. (Foto: Jorge Cerdán / El Comercio)
Además, habría intervenido en contrataciones irregulares en EsSalud, Sunafil y Senati en su gestión como titular del MTPE. Nuevamente Marco Antonio Sotelo Villa habría sido contratado en EsSalud sin proceso competitivo y en Sunafil y Senati, designó a Antonio Sotelo Calderón, padre de su pareja sentimental y miembro del partido del gobierno.
“Estos hechos configuran un uso indebido del cargo público para favorecer intereses personales y políticos, lo cual constituye indicios sólidos de la presunta comisión del delito de negociación incompatible”, dijo Acuña Peralta.
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Geiner Alvarado: ¿de qué se lo acusa?
La Comisión Permanente aprobó también el informe para acusar a Geiner Alvarado López, exministro de Vivienda durante el mandato de Pedro Castillo. Se pide su inhabilitación por diez años para ejercer la función pública.
El exfuncionario habría realizado acciones que beneficiarían sus propios intereses o de terceros, al refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021, en su condición de ministro de estado. Dicho DU estableció medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en inversiones destinadas al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano.
Víctor Flores Ruíz y María Acuña Peralta se encargará de sustentar el texto final y formular la acusación ante el Pleno del Congreso.
