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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos archivó, por mayoría, la propuesta de ley que planteaba imponer la cadena perpetua para aquellos malos funcionarios públicos que incurran en delitos contra la administración pública.
El argumento que primó para desestimar esa proposición fue que se trataba de una “medida desmedida” y “fuera de la realidad”.
La autora de la propuesta de ley, Noelia Herrera Medina (Renovación Popular), anunció que volverá a presentar la misma proposición legal, porque el objetivo es acabar con la corrupción pública.
La presidenta de la comisión, Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), explicó el dictamen negativo a esa propuesta de ley, y puso como ejemplo el caso de las mujeres emprendedoras de las ollas comunes “quienes, por extensión, son funcionarios públicos porque están recogiendo bienes con la finalidad de darlos a la población”.
“Todas las señoras que trabajan para una olla común podrían ser consideradas como parte de una organización criminal y si volvieran a incurrir en un delito de la misma naturaleza entonces sí les correspondería la cadena perpetua”, explicó.
“¿Cómo puede sancionarse (con la cadena perpetua) a un funcionario público que está inhabilitado porque ha cometido un delito y, por tanto, no puede reincidir?”, se preguntó Echaíz.
En tanto, la legisladora María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) reflexionó sobre el trabajo legislativo en materia penal y subrayó que no se está cumpliendo con el objetivo de la resocialización.
Por su parte los congresistas Alex Paredes (Perú Libre) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) coincidieron en afirmar que la población pide penas duras contra los corruptos.
