El Congreso del República se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta a raíz de la aprobación de una iniciativa que genera polémica ad portas de las elecciones generales del 2026, ya que podría abrir la puerta a las suspensiones de altos funcionarios.
Se trata del dictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa del Congreso, que propone modificar el artículo 89 del reglamento de dicho poder del Estado.
El documento fue aprobado en la comisión de Constitución con 14 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, por lo que quedó expedito para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso.
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¿Qué plantea la iniciativa?
La iniciativa en mención, de autoría de Patricia Juárez (Fuerza Popular), plantea que la opción de suspensión durante un antejuicio político aplique también a los altos funcionarios aforados, y no solo a los congresistas.
“Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el juicio político y el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú”, se lee en el documento.
Los altos funcionarios a los que se refiere el artículo 99 de la Carta Magna son: el presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional (TC), miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), jueces supremos, fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.
“Luego de la sustentación del informe y la formulación de la acusación constitucional por la subcomisión acusadora y el debate, el Pleno del Congreso vota, pronunciándose en el sentido de si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. En el primer caso, el Pleno del Congreso debate y vota, en la misma sesión, si se suspende o no al acusado en el ejercicio de sus funciones, el cual queda sujeto a juicio, según ley. En el segundo caso, el expediente se archiva”, añade la propuesta.
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Actualmente los congresistas son los únicos altos funcionarios que pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones tras enfrentar un proceso de antejuicio político (acusación constitucional); sin embargo, la propuesta de Juárez busca ampliar ese universo para incluir a todos los altos funcionarios investigados y que sean acusados por el Parlamento.
Para dicho fin, se plantea cambiar el término “congresista” por “acusado”, para que tenga mayor alcance.
Dictamen de la comisión de Constitución.
Además, con esta propuesta, tanto los legisladores como los demás altos funcionarios (jueces y fiscales supremos, presidente del TC o miembros de la JNJ, entre otros) podrían ser suspendidos con los votos de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente; es decir, con solo 51 adhesiones, lo que lo hace aún más peligroso.
Esto, a pesar de que actualmente para inhabilitar a un alto funcionario se requiere los votos favorables de los 2/3 del número de miembros del Legislativo (87), sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente.
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Finalmente, se colocó una disposición complementaria final para esta norma se aplique a los procedimientos de acusación constitucional en trámite; es decir, en caso se apruebe la propuesta el Parlamento estaría facultado para suspender en sus funciones a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que fue denunciada constitucionalmente.
¿Cuáles son los riesgos de esta propuesta?
En diálogo con Gestión, el abogado Constitucionalista Alejandro Rospigliosi calificó esta propuesta de riesgosa porque afectaría el normal funcionamiento de los organismos constitucionalmente autónomos, como el Ministerio Público o el Poder Judicial.
“Imagínese usted que solamente por un proceso de antejuicio o de juicio político se suspenda a la fiscal de la Nación o al presidente del Poder Judicial o al del TC. Acepto que haya una resolución final de inhabilitación al final del proceso, pero al comienzo, no. Creo que no debemos generar mas inestabilidad política al país y no debe prosperar en el Pleno”, indicó.
El experto consideró que no se puede comparar la suspensión de uno de los 130 legisladores con la eventual suspensión de la fiscal de la Nación o el titular del TC, que prácticamente paralizaría sus instituciones.
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“En la Constitución está estipulado que se puede inhabilitar a los altos funcionarios en el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, pero al final de un proceso de antejuicio o juicio político. Lo que están planteando ahora es un despropósito y es muy delicado”, sostuvo.
Recordó que la Comisión de Venecia emitió recientemente un informe en el que determinó que el antejuicio es un peligro para la democracia, por lo que se mostró en contra de que este dictamen sea aprobado por el Pleno. “Estamos generando mucho ruido político”, dijo.
Patricia Juárez busca que los altos funcionarios sean suspendidos en sus cargos en caso de procesos de antejuicio politico. (Foto: Congreso)
Por su parte, el expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, precisó que si bien la norma no es inconstitucional, si es muy “peligrosa”.
“Que el mundo político pueda suspender a los jueces y fiscales abre las puertas a que no solamente ahora, sino que cambiando la correlación de fuerzas en la próxima elección general los que aparentemente quieren ser beneficiados terminen siendo perjudicados. La política da vueltas y el mundo del derecho debe permanecer inmutable”, indicó a este diario.
El abogado se mostró en contra de que que una eventual suspensión de un alto funcionario ocurra solo con una votación de la mitad más uno de los parlamentarios, tal como ocurriría si se aprueba dicha norma.
“Soy partidario de mantener las mayorías calificadas porque todas las que están contenidas en la Constitución y las leyes orgánicas tienen un sentido manifiesto y coherente con los principios del derecho constitucional (...) en un alto funcionario que responde a criterios meritocráticos tienen que haber causales muy bien establecidas para ser suspendidos en el cargo, no basta con el mal humor del Parlamento”, aseveró.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
