
Pese a las críticas y objeciones desde diversos sectores, el Consejo de Ministros aprobó el último miércoles el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, quien pasará de ganar S/16,000 a S/ 35,568 mensuales; es decir, su salario sufrió un incremento de 125%.
En conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes explicó que se aprobó esta disposición “en atención a una resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), que formalizó un acuerdo de directorio”.
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“Lo que se ha dado es cumplimiento a lo que establece el artículo 23 de la Ley de Presupuesto, aprobada en noviembre del año pasado, y también a la Ley de Servicio Civil, en relación con la remuneración del puesto de la Presidencia de la República”, dijo el último miércoles.
Sin embargo, el presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso, negó que su institución haya participado en la decisión de elevar el sueldo de Boluarte.
Según explicó, esta medida corresponde exclusivamente al MEF y al Consejo de Ministros, y no fue acompañada por ningún informe técnico ni recomendación de parte de Servir.
“Lo que se ha dicho sobre una resolución de Servir es incorrecto o mal interpretado. No hemos determinado ningún monto, todo eso lo define el Ministerio de Economía en un procedimiento especial”, declaró a Canal N.
Ante esta serie de contradicciones, la comisión de Fiscalización no solo citó para hoy a Pérez-Reyes y Valdivieso, sino también al premier Eduardo Arana, a fin de que expliquen el aumento de sueldo de la mandataria; no obstante, desde el Congreso se alistan otras medidas para dejar sin efecto lo aprobado por el Ejecutivo.

LA BANCADA SOCIALISTA ALISTA UNA INICIATIVA PARA ANULAR LA DISPOSICIÓN
En diálogo con Canal N, el legislador de la Bancada Socialista, Jaime Quito, adelantó que una vez que se oficialice el aumento de sueldo de Boluarte a través de la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial El Peruano, presentarán un proyecto de ley para dejar sin efecto la medida.
“El Congreso también puede dejar sin efecto un decreto supremos. Estamos esperando que se publique esto para presentar un proyecto de ley con la finalidad de dejarlo sin efecto”, remarcó, tras considerar que es inaceptable que la mandataria gane 31 sueldos mínimos.
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Al respecto, el exoficial mayor del Parlamento, César Delgado Guembes, consideró que dicha institución, a través de una iniciativa legislativa, sí puede dejar sin efecto el aumento de sueldo de la presidenta.
“Si cabe esa posibilidad. Quien puede los más, también puede lo menos; o sea, si el Congreso puede dictar leyes, también puede modificar resoluciones supremas, resoluciones ministeriales y, por supuesto, decretos supremos. Entonces, habría que esperar que se presente un proyecto de ley para dejar sin efecto esa disposición”, indicó a Gestión.
Si bien reconoció que el sueldo que percibe la mandataria es algo que se ha acordado a través de un decreto supremo, resolución suprema o ministerial y una ley no debería ocuparse de temas normativos que son competencia del Poder Ejecutivo, insistió en que el Parlamento sí podría anular dicha disposición.
“Esa sería la reflexión, pero si se considera que es un asunto de importancia general para el país, sí cabría que se haga esa modificación, aunque la consecuencia puede ser no muy positiva, porque estarías modificando con una ley una norma que dicta el Ejecutivo”, apuntó.
En cuanto al trámite, Delgado Guembes informó que se debe seguir el procedimiento regular; es decir, se presenta el proyecto de ley y se remiten a las comisiones. Estos grupos de trabajo elaboran el dictamen y se pone a votación.
“Una alternativa es que vaya a la comisión de Constitución y la otra es que vaya a Justicia, ya que se trata del ordenamiento normativo del cual se desencadena una serie de efectos y, eventualmente, también va a la comisión de Economía, porque eso supondría que se viene un proceso de desmembramiento de todos los sueldos de la administración pública”, sostuvo.
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“El tiempo va a depender del interés que tengan los congresistas para que esta norma se vea con carácter de urgencia. Si hay sumo interés, en dos semanas se podría aprobar, pero si no hay interés, puede demorar 1 o 2 años, o nunca aprobarse, todo depende de la voluntad política que tengan”, añadió.

“UNA LEY NO PUEDE CAMBIAR EL ESTATUS SALARIAL DEL EJECUTIVO”
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga tiene una postura distinta. A su juicio, ninguna norma que apruebe el Congreso puede dejar sin efecto esta medida.
Recordó que el Parlamento no regula los sueldos de los miembros del Ejecutivo, por lo que recalcó que el decreto supremo que aprueba el aumento de sueldo de Boluarte “no puede ser modificado y anulado” por una ley.
“Entonces, más allá que una ley tenga más jerarquía, en competencia le corresponde eso (aumento de salario de la presidenta) al propio Gobierno. Una ley no puede cambiar el estatus salarial del Ejecutivo”, remarcó a este diario, tras calificar la intención de la Bancada Socialista como “una pose política”, ya que excede a sus competencias.
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Al ser consultado por los recursos judiciales que se podrían presentar para anular los efectos del decreto supremo, Quiroga dijo que la acción popular y la acción de control administrativa son dos opciones, pero precisó que ninguna de ellas tendría éxito en el Poder Judicial.
“Los decretos supremos cuando regulan reglamentos y normas generales pueden ser objetadas a través de una acción popular, pero si regulan un caso concreto, como el aumento de sueldo de un presidente, no aplica, porque la acción popular sirve para controlar las normas del Ejecutivo en materia general, no en materia puntual. Lo dice expresamente el articulo 200 de la Constitución”, anotó.

También descartó la posibilidad de que se pueda presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para invalidar la disposición del Ejecutivo.
“No cabe la acción de inconstitucionalidad contra normas de segundo rango, las acciones de inconstitucionalidad solo se aplican contra leyes. Es inimpugnable esta medida, el sistema no lo permite, no hay como hacerlo”, remarcó.
“Mucho más decente y elegante hubiera sido que este aumento rija a partir del próximo Gobierno, pero Boluarte ya lo hizo. Es un acto inimpugnable, pero políticamente incorrecto, porque lo único que hace es aumentar su descrédito y su baja aceptación”, añadió el abogado.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.